Una serie de allanamientos fueron dispuestos en la causa que la justicia penal de La Plata investiga una conspiración policial entre altos jefes de la fuerza y que tiene bajo sospecha al excomisario Maximiliano Bonderenko, candidato en las últimas elecciones en la lista de La Libertad Avanza en la Tercera Sección, junto a otros oficiales de alto rango del Ministerio de Seguridad bonaerense.
La investigación judicial está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 16 de nuestra ciudad, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
En la denuncia formulada por el gobierno provincial, se advertía sobre la existencia de un grupo de WhatsApp donde los policías apuntados estarían colaborando con el mencionado Bondarenko. También se los mencionaba en la elaboración de documentos para diputados opositores, redactados desde las mismas computadoras de la Policía Bonaerense.
De allí que la principal hipótesis es una presunta conspiración policial contra el gobernador Axel Kicillof. En las últimas horas, el fiscal Condomí Alcorta cumplimentó una serie de procedimientos en distintas dependencias policiales y en domicilios vinculados a los policías denunciados en los que se pudieron secuestrar distintos elementos de prueba, en su mayoría documentación en soporte papel y en diversos dispositivos informáticos.
En el expediente, Condomí Alcorta tiene en la mira a un grupo de 24 policías bonaerenses desafectados de la fuerza por presunto uso indebido de recursos públicos y actividades de carácter político.
Cuando se produjo la denuncia, la causa había quedado transitoriamente a cargo de su par, el fiscal Álvaro Garganta, quien comenzó a investigar la hipótesis de un entramado de funcionarios policiales que, bajo el mando del excomisario Bondarenko, habrían montado una estructura de campaña paralela en beneficio de La Libertad Avanza.
En los allanamientos, ratificados por el juez de Garantías, Eduardo Silva Pelossi, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, impresoras, mobiliario y documentación administrativa. Con esos elementos incautados, el fiscal dispuso una serie de pericias informáticas. Los expertos de la Asesoría Pericial de Tribunales comunicaron ayer a Condomí Alcorta que las pericias darán inicio el próximo 20 de octubre con la apertura digital de los dispositivos.
Esa pericia tendrá lugar una semana antes de las elecciones nacionales.
Además de la denuncia formal en sede penal, el propio gobernador Kicillof habló ante la opinión pública sobre lo que denominó una conspiración interna dentro de la Policía Bonaerense.
Quien no demoró en salir al cruce fue la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich a través de sus redes sociales, afirmando que la denuncia era “trucha”. Hasta llegó a decir que la justicia la había “desestimado”.
Todo eso quedó descartado en las últimas horas a partir de los avances producidos en la causa y las medidas de prueba ordenadas por parte de la fiscalía.
Los investigadores también tienen en la mira a otro compañero de Bondarenko en la fuerza, el jefe de la Policía Ecológica, Ignacio Ortiz Valenzuela.
Una de las principales evidencias aportadas a la causa fue la existencia del apodado “Grupo Rocket”, un chat de WhatsApp administrado desde un teléfono registrado a nombre de Bondarenko, pero operado por efectivos de la Policía Ecológica, varios de ellos provenientes de La Plata o con destino policial en dependencias de nuestra ciudad.
Para los investigadores ese grupo de Whatsapp integrado por oficiales operaba como un call center político destinado a concentrar los números de legisladores libertarios, redactar borradores de proyectos de ley y coordinar reuniones con referentes de la fuerza del presidente Javier Milei.
De allí que la principal sospecha apunta a que el material incautado pone el foco sobre Bondarenko y Valenzuela. En rigor, aparecen sospechados repartiendo funciones de coordinación, elaborando convocatorias directas a encuentros para definir diez iniciativas legislativas “prioritarias” en clave electoral.
La fiscalía podría encuadrar la causa en torno a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, acreditando el uso de las fuerzas de seguridad como plataforma electoral, algo que está expresamente prohibido por ley y constiye una clara maniobra delictiva.
