El Presidente firmó un DNU que permite a la Armada norteamericana realizar maniobras conjuntas en bases argentinas. La Constitución marca que debe aprobarlo el Congreso, pero la Casa Rosada habló de una “situación excepcional” para justificar el atajo.
Actualidad 01 de octubre de 2025
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Javier Milei volvió a patear el tablero. En medio de la seguidilla de escándalos que sacuden a su gobierno, firmó el Decreto 697/2025 que autoriza el ingreso de tropas estadounidenses a la Argentina para participar del ejercicio naval “Tridente” en bases de Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia.
También permitió la salida de efectivos argentinos hacia Chile para sumarse al operativo “Solidaridad”. En apariencia, nada grave: entrenamientos de rutina, cooperación internacional, asistencia humanitaria. Lo de siempre. El problema es la forma: la Constitución es clarísima, el ingreso de tropas extranjeras al país debe pasar por el Congreso. Milei decidió esquivar ese paso y lo hizo por DNU.
La excusa oficial es casi un chiste de mal gusto. En los considerandos del decreto se lee: “La naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución”.
La pregunta se cae sola: ¿qué naturaleza excepcional puede tener un ejercicio que se prepara con meses de anticipación, con logística compartida y cronogramas cerrados de antemano? No es un huracán, ni un terremoto, ni un atentado. Son maniobras militares programadas que ya estaban en agenda.
¿Por qué hacerlo así?
Sumisión al Tío Sam
El gobierno argumenta que no participar debilitaría el adiestramiento y la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas argentinas. En criollo: que si no vienen los marines, la Armada pierde entrenamiento. Nadie discute la importancia de coordinar con otras fuerzas en un mundo cada vez más complejo. Pero una cosa es cooperar y otra es vulnerar reglas básicas de soberanía institucional.
El dato político es aún más pesado. La llegada de 30 efectivos de la Naval Special Warfare, la élite de operaciones especiales norteamericana, se da justo cuando Milei busca recomponer su relación con Donald Trump y mostrar que Argentina es un socio confiable de Washington. El DNU se vuelve entonces no solo un trámite administrativo, sino una señal política. La “integración doctrinal” con la Armada de EE.UU., como dice el texto oficial, es música para los oídos republicanos. Pero en Buenos Aires suena a rendición anticipada.
La oposición ya prepara el contraataque en el Congreso. El DNU debe pasar por la Bicameral en diez días hábiles y luego por ambas Cámaras. Si lo rechazan, la entrada de tropas quedará anulada. Pero mientras tanto, el decreto tiene vigencia. En otras palabras: cuando el Congreso lo discuta, los soldados norteamericanos ya habrán estado en suelo argentino. Hecho consumado, otra vez.
Este gesto no es aislado. Milei intenta blindar su relación con EE.UU. en un contexto de fragilidad interna. La economía en rojo, las encuestas en baja y la oposición fragmentada pero activa lo empujan a apoyarse en aliados externos. El costo es alto: entregar resortes institucionales a cambio de una foto con marines en Puerto Belgrano.
La pregunta que queda flotando no es si Argentina necesita cooperación militar (eso lo sabe cualquiera que haya visto el estado de las Fuerzas Armadas), sino qué tan dispuesto está Milei a usar la excusa de lo excepcional para justificar cualquier cosa.
Si un ejercicio naval planificado se vuelve emergencia nacional, ¿qué queda para una crisis real? En política, la palabra “excepcional” siempre es peligrosa. Y Milei parece dispuesto a convertirla en su norma.
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