El Gobierno apura la reforma laboral y la CGT despierta

¿Creará empleo y si lo emplea será de calidad?

El relato oficial es prolijo: una reforma “moderna”, que promete menos juicios, más previsibilidad y un clima ideal para la inversión. La escena real es menos amable. Javier Milei regresó de Oslo, firmó el proyecto y lo envió al Congreso con pedido de tratamiento veloz, mientras la CGT, que aceptó durante meses el juego del Consejo de Mayo, recién ahora se mueve con un plan de resistencia. En el medio, una frase que perfora la campaña discursiva del Gobierno: uno de los abogados que asesoró en la redacción, Julián de Diego, reconoció que la reforma, por sí sola, no creará empleo registrado.

El proyecto que ajusta por el trabajo 

El corazón de la iniciativa combina tres movimientos. Primero, abarata y flexibiliza la relación laboral tradicional. Segundo, reordena al mundo sindical y debilita la negociación centralizada. Tercero, ofrece beneficios fiscales y de blanqueo como contracara de ese corrimiento de poder desde el trabajo hacia el capital. Todo en un contexto de caída del consumo, cierre de empresas y pobreza alta en las periferias urbanas.

En materia de tiempo de trabajo, la reforma introduce el banco de horas y habilita la distribución desigual de la jornada. El límite formal de 8 horas diarias y 48 semanales se mantiene, pero se amplía el margen para que una jornada supere las 8 horas, compensada luego con francos. Para el Gobierno es flexibilidad; para la CGT, un incentivo directo a evitar el pago de horas extras en un mercado laboral donde el miedo a perder el empleo pesa más que la letra de la ley.

Las vacaciones también se reconfiguran. Se habilita el fraccionamiento en tramos mínimos de siete días y la posibilidad de tomarlas fuera de la temporada tradicional por acuerdo entre las partes. Sobre el papel se presenta como libertad de organización; en la práctica, la parte que decide suele ser quien firma los recibos de sueldo. En un contexto de inflación, la pérdida de certidumbre sobre el descanso anual se suma a una vida cotidiana cada vez más comprimida por la necesidad de conservar el puesto.

El capítulo remuneraciones se apoya en dos pilares: ampliar lo que se considera beneficios “no remunerativos” y abrir el juego al pago en especie. Comedor, vivienda temporal, reintegros y otros conceptos pueden quedar fuera de aportes y contribuciones. Se habilitan esquemas de salario “dinámico”, con componentes variables por productividad o mérito, sin derecho adquirido por uso o costumbre. En paralelo, se admite que parte del salario pueda cobrarse en moneda extranjera o mediante plataformas digitales, además de pagar con alimentos u otras ayudas.

En términos de poder, lo que se debilita es el salario básico estable, sobre el que se construyen las demás protecciones. Los gremios lo leen como una transición hacia retribuciones fragmentadas, donde el componente fijo pierde peso frente a bonos transitorios o beneficios que no consolidan derechos. En una economía inflacionaria, lo que no está claramente reconocido como salario pierde valor más rápido.

El rediseño indemnizatorio completa el núcleo económico del proyecto. El Fondo de Asistencia Laboral, financiado con un aporte empresario del 3 por ciento de la base de contribuciones, se presenta como una forma de asegurar el cobro en caso de despido. Pero al mismo tiempo se recorta la base de cálculo: se excluyen aguinaldo, vacaciones y premios, y se establece un tope a la actualización de los montos, vinculado a inflación e intereses acotados. El resultado es un despido más barato y previsible para el empleador.

Bullrich pisa el acelerador 

La estrategia política del Ejecutivo arranca por el Senado. Allí, con una correlación de fuerzas menos adversa que en Diputados, Patricia Bullrich apuesta a un tratamiento exprés durante las sesiones extraordinarias. El objetivo es claro: obtener una media sanción antes de fin de año y mostrar al mercado y a los aliados internacionales que el Gobierno cumple su promesa de reformar el régimen laboral aun en medio de la recesión.

Sin embargo, mientras se acelera en el plano parlamentario, se dosifica la exposición pública. La propia Casa Rosada demoró la presentación definitiva del texto, revisando artículos catalogados como “sensibles”, precisamente aquellos referidos a jornadas, despidos e indemnizaciones. Esa cautela no es técnica, es política. En el Conurbano, la combinación de pobreza alta, empleo formal estancado y tarifas crecientes convierte cualquier reforma que abarate la desvinculación en un riesgo de estallido social.

La CGT se mueve sobre esa tensión. El consejo directivo se reunió para analizar punto por punto el proyecto con sus equipos jurídicos y definió un plan de acción escalonado: primero, fijar una postura unificada; después, convocar a un plenario de regionales para organizar una “etapa de resistencia con propuestas”; finalmente, movilizar a Plaza de Mayo el 18 de diciembre, en coincidencia con debates clave en el Congreso. 

La oposición política toma nota. Legisladores del peronismo y de otros espacios críticos se reúnen con referentes sindicales para construir una narrativa alternativa que no quede atrapada en el falso dilema entre “modernización” o “atraso”. El eje de esa narrativa es otro: qué modelo productivo se propone, quién paga el costo del ajuste y qué garantías existen de que un régimen más flexible no derive simplemente en más despidos y más informalidad.

El desenlace, al menos en el corto plazo, se jugará en un triángulo estrecho: el reglamento del Senado, la capacidad de movilización en la calle y la sensibilidad de un oficialismo que necesita mostrar resultados sin encender un conflicto social mayor. Milei busca una imagen: la de un presidente que doblega al viejo orden laboral. La pregunta es qué imagen quedará en la memoria de quienes hoy miran la reforma desde la línea de producción, desde un comercio que vende cada vez menos o desde un barrio del Conurbano donde el empleo formal es una rareza.

La reforma que el Gobierno presenta como puerta de entrada al futuro combina banco de horas, despidos más baratos, salarios fragmentados y convenios debilitados, en un país en recesión y con el empleo privado estancado hace más de una década.