El Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de nuestra ciudad denunció ayer penalmente al presidente de la Nación, Javier Milei, para que se investigue su presunta violación de los deberes de funcionario público, tras los dichos expresados a un medio británico en el que había manifestado que recuperaríamos el territorio usurpado por Gran Bretaña “cuando los isleños así lo deseen”.
Después de haber emplazado al Presidente mediante Carta Documento para que se rectifique, ante el silencio y no haber contestado la intimación, finalmente el CECIM La Plata presentó ayer la denuncia.
Lo hizo ayer ante la Justicia Federal de Comodoro Py (en los tribunales de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y recayó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°12 que está a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 23, bajo el N° 226/2026.
En el texto se señala que la denuncia se basa en la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público contra Milei en relación a los hechos que se conocieron el 29 de diciembre de 2025, en donde el presidente -durante una entrevista con el medio británico The Telegraph- señaló que “las negociaciones sobre este delicado asunto van de la mano con su postura sobre las Islas Malvinas”.
“Tras años de amenazas bajo gobiernos anteriores, (Milei) afirma que el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”, indicó el medio de comunicación mencionado.
Al respecto, el CECIM consideró que el presidente Milei “lleva adelante un plan de entrega de nuestras Malvinas". En su denuncia, la entidad que preside Rodolfo Carrizo sostiene que las declaraciones del presidente sobre las Islas Malvinas constituyen actos de gobierno con impacto jurídico y político para la Argentina.
Cabe destacar que Carrizo y el secretario de Derechos Humanos de la entidad, Ernesto Alonso fueron los encargados de realizar la presentación en los tribunales federales.
Según el escrito, Milei ejecuta un "plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes".
Con respecto a las manifestaciones vertidas a The Telegraph, el CECIM consideró que esas expresiones vulneran la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía" sobre los territorios insulares. El texto constitucional fija además la recuperación como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
A su vez, el Centro de Excombatientes señaló que los dichos presidenciales “no pueden ser interpretados como opiniones personales”. De acuerdo a la denuncia, se trata de “actos de gobierno con consecuencias jurídicas internacionales que debilitan la posición argentina en el reclamo de soberanía frente al Reino Unido”.
La presentación advirtió sobre la posible aplicación de la doctrina de los actos propios en el derecho internacional. En ese sentido, se afirmó que "cuando el Poder Ejecutivo emite declaraciones públicas (…) sin reafirmar el reclamo de soberanía, está sentando precedente" utilizable por la contraparte.
Antecedentes
Los denunciantes también recordaron un discurso del 2 de abril de 2025, en el que Milei expresó: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (…) a punto tal que ellos prefieran ser argentinos". Para el CECIM, ese enfoque refuerza la gravedad institucional.
En paralelo, en 2024, la entidad denunció al presidente y a la canciller de entonces, Diana Mondino, por presunto abuso de autoridad y violación de deberes vinculados a decisiones conjuntas con Inglaterra sobre vuelos a las islas.
Y, en enero de 2024, a pocas semanas del inicio del Gobierno de Milei, el CECIM presentó una medida cautelar en los Tribunales Federales de La Plata para que se suspenda la derogación de la Ley de Tierras impulsada por dicha gestión.
En ese momento, el juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a la medida cautelar y suspendió dicha derogación prevista en el recordado DNU 70/2023 presentado por el Gobierno de Milei y que fue materia de arduos debates en el Congreso de la Nación.
La Ley 26.737 de Tierras Rurales (Ley de Tierras), sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece límites estrictos a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina. La norma fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.
El caso judicializado por el CECIM, en primera instancia, fue luego rechazado por el juez federal platense Alberto Recondo, quien consideró que los demandantes no cumplían los requisitos formales.
En ese amparo, el CECIM sostuvo que la derogación de dicha Ley liberaba el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
El CECIM apeló, y en marzo de 2024 la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación y elevó el caso a la Corte Suprema. Esto significa que por ahora la medida cautelar aún protege la ley, que sigue vigente.
Sin embargo, en diciembre de 2025 el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en el marco del Consejo de Mayo que el Ejecutivo prepara un nuevo proyecto para derogar o modificar la Ley de Tierras, junto con reformas a la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego.
