El oficialismo llega al debate confiado en reunir quórum y sanción. Vacaciones fraccionadas, fondo para indemnizaciones y cambios en juicios laborales concentran la pulseada política, mientras el Ejecutivo negocia apoyos en sesiones extraordinarias.
Actualidad 11 de febrero de 2026
El Gobierno nacional se mostró confiado en lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado. El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la media sanción de la iniciativa y defendió los principales cambios que propone el proyecto, orientados —según afirmó— a modernizar el sistema laboral y promover el empleo formal.
“Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales, en la antesala del debate legislativo.
La reforma incluye modificaciones en el régimen de vacaciones, la creación de un fondo para garantizar indemnizaciones y cambios en el esquema de juicios laborales, puntos que el Ejecutivo considera centrales para reducir los costos asociados al empleo formal.
Uno de los ejes principales del proyecto es la flexibilización del sistema de vacaciones. Según explicó Santilli, la nueva normativa permitirá que los períodos de descanso puedan acordarse entre empleador y trabajador con mayor libertad.
“Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, señaló el ministro, quien argumentó que el régimen actual se había vuelto rígido y desactualizado.
La iniciativa busca reemplazar el esquema vigente por uno más adaptable a las necesidades de cada actividad y de cada empresa, en línea con los cambios en la organización del trabajo registrados en los últimos años.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo destinado a asegurar el pago de indemnizaciones, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.
El funcionario explicó que el objetivo es evitar que los conflictos judiciales afecten la continuidad de las empresas y, al mismo tiempo, garantizar que los trabajadores cobren las compensaciones correspondientes.
“Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, afirmó Santilli.
La propuesta apunta a modificar el actual esquema, en el que las indemnizaciones dependen directamente de la capacidad financiera del empleador al momento de la desvinculación.
La reforma también contempla modificaciones en el régimen de litigios laborales, con el objetivo de reducir la cantidad de demandas y los costos asociados a los despidos.
Santilli sostuvo que el proyecto busca eliminar multas y sanciones que, según indicó, encarecen las desvinculaciones y desalientan la contratación formal.
Además, mencionó que el Gobierno trabaja en una iniciativa complementaria para establecer una tasa única de actualización en los juicios laborales, con el fin de evitar diferencias en los criterios judiciales.
El Ejecutivo sostiene que la reforma laboral busca facilitar la incorporación de trabajadores informales al sistema formal, permitiéndoles acceder a beneficios como cobertura de salud, vacaciones y jubilación.
Según el funcionario, el aumento del empleo formal también tendría impacto en los ingresos fiscales. En ese sentido, señaló que la formalización de 400.000 trabajadores permitiría compensar el impacto fiscal asociado a cambios en el sistema tributario.
En paralelo al debate legislativo, el Gobierno mantiene negociaciones con distintos sectores políticos para asegurar el respaldo necesario. Santilli rechazó que existan presiones sobre los gobernadores para garantizar el apoyo al proyecto y sostuvo que la política fiscal oficial se basa en reducir impuestos.
El debate
El período de sesiones extraordinarias inició el pasado lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. En este marco se debatirán los proyectos de reformas laborales y penal juvenil en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Puntualmente hoy se tratará el proyecto denominado de Reforma Laboral en el Senado de la Nación. Impulsado por el oficialismo, impone flexibilizaciones en las modalidades de contrato, reducción de litigiosidad, cambios respecto al pago indemnizatorio entre otros puntos.
Respecto a las formas de pago, la reforma laboral busca poder abonar el salario con dinero (moneda nacional o extranjera), así también como con “especie, habitación o alimentos”. El artículo 41 modifica la organización del descanso al establecer que el empleador deberá organizarlas de tal manera que cada trabajador goce de sus vacaciones durante la temporada de verano, al menos 1 vez cada 3 años.
También permite el fraccionamiento del periodo vacacional, a convenir entre las partes, por tramos de a 7 días. El proyecto permite en otro de sus puntos, disponer de un régimen de horas extras, banco de horas y francos compensatorios.
Como recién se mencionó, entre los cambios se incluye la indemnización. Se permite sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral. Para ello intenta crear una entidad a llamarse Fondo de Asistencia Laboral, compuestos por el 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador.
En la Cámara de Diputados se debatirá la reforma del régimen penal juvenil, intentando establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes y habilita la reducción de la edad de imputabilidad —actualmente fijada en 16 años— para determinados delitos graves, con umbrales que oscilan entre los 13 y 14 años según las versiones en debate. La iniciativa contempla un sistema diferenciado, con sanciones específicas, medidas socioeducativas y dispositivos institucionales propios, aunque ha generado fuertes cuestionamientos desde sectores académicos y organismos de derechos humanos.
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