Johana desapareció el 26 de julio del año 2017 en La Plata, cuando enseguida a través de la denuncia de su familia, amigos y organizaciones, se expresó en las calles una búsqueda que duró más de un año con movilizaciones masivas. Rápidamente el caso puso al descubierto la impunidad con la que operan las redes de trata y explotación sexual bajo el amparo de diversas esferas del Estado, como la policía, la justicia y los gobiernos.
Según el expediente, con 23 años, madre de una hija y de familia humilde, Johana se vio forzada a una realidad que no ha mermado en las últimas décadas que afecta principalmente a las mujeres jóvenes como lo es el ejercicio de la prostitución. Su desaparición de hecho, para recordar el caso, tuvo lugar en la esquina de 1 y 63, la llamada Zona Roja de nuestra ciudad controlada por tratantes, narcotraficantes y proxenetas.
En mayo de 2019 se confirmó que los restos hallados en las costas berissenses del Río de la Plata pertenecían a la víctima. Para su madre, se trató de un narcofemicidio, es decir, femicidios aberrantes en manos de narcotraficantes y sectores del poder, como por ejemplo Lucía Pérez, en Mar del Plata.
El juicio comenzó en mayo de 2025 con 8 personas procesadas por los delitos de comercialización de estupefacientes, encubrimiento y prostitución. Se trata de Hernán D’ Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez; Paola Erika Barraza y Celia Giménez. Integrantes de una red de trata que captó y explotó a Johana antes de su desaparición, tortura y muerte. Un dato importante, es que en este juicio no se caratula como femicidio.
