Aseguran que hubo una falsa maniobra para amedrentar a quien denunció encubrimientos en el Municipio

“Esto es una causa armada”.

“Hay persecución institucional”.

“Orden de detención arbitraria”.

“Es una flagrante maniobra de represalia”.

“Se trata de un intento de silenciar a un testigo y denunciante”.

Efectivamente, con esos términos se explayó recientemente el abogado patrocinante del empleado de Guardia Urbana de Prevención de la Municipalidad de La Plata que fue despedido luego de denunciar una trama de encubrimientos vinculada a la comercialización de drogas en la mencionada área dependiente de la Secretaría de Seguridad comunal-

Según se supo, poco antes del fin de semana el empleado de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), identificado como Héctor Eduardo Almirón Peña radicó una denuncia en la UFIJ N° 6 en la que dio cuenta de que el jueves último (19 de marzo), alrededor de las 06:30, cuando se dirigía a su lugar de trabajo, en 415 entre 149 y 150 fue interceptado por su excompañero de la patrulla comunal, quien junto a otra persona que no supo identificar lo amenazaron con un arma de fuego, diciéndole que por culpa suya lo habían echado de ese trabajo.

En esa denuncia, Almirón Peña agrega que el otro sujeto que acompañaba a su excompañero le aplicó varios golpes con el arma en la cabeza, le sustrajeron su billetera y se dieron a la fuga.

Lo más llamativo fue la rapidez del accionar judicial: se ordenó la búsqueda y detención de quien había amenazado a Almirón Peña, es decir, la persona que denunció el encubrimiento.

De inmediato, se activó el protocolo defensivo del empleado que había sido despedido tras su denuncia y ahora figuraba como agresor. Dicha tarea estuvo a cargo del abogado Gustavo Rodríguez, quien en diálogo con Capital 24 aseguró que tras solicitar la eximición de prisión de su defendido todo se trató de una “persecución y causa armada”.

“Esa denuncia penal constituye una flagrante maniobra de represalia y persecución institucional”, insistió Rodríguez, para de inmediato recordar que lo manifestado por Almirón Peña en la UFIJ 6 “no es más que un burdo montaje”.

“Mi asistido es el denunciante clave en la causa que tramita la UFIJ 18 con intervención del Juzgado de Garantías N° 1), donde se investiga una red de Comercialización de Estupefacientes Agravada integrada por agentes de la propia Patrulla Municipal de La Plata”, precisó el abogado.

Al respecto, dijo que “resulta inverosímil que, a horas de haber aportado datos filiatorios y pruebas contra sus excompañeros de fuerza, mi asistido casualmente ‘asalte’ a otro empleado de la misma repartición”.

“Se trata de un intento de silenciar a un testigo y denunciante mediante el uso espurio del aparato punitivo estatal”, expresó Rodríguez.

Las otras pruebas

Lo que llamó la atención de Rodríguez fue que, en cumplimiento del requerimiento efectuado por la instrucción llevada adelante por la UFIJ 18, aportó los datos identificatorios completos de los sujetos denunciados por la presunta comisión del delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada.

En tal sentido, en el escrito mencionó a Mariano Martín Millán y a Cristian Santiago Castro. Según pudo corroborar Capital 24, ambos empleados de la GUP tienen funciones jerárquicas dentro del área.  

El abogado que defiende al denunciante de los encubrimientos pidió que se proceda a solicitar a través del sistema correspondiente el Registro de Reincidencia (RECAP) y los antecedentes policiales de ambos sujetos. También, que se libre oficio a la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Plata a fin de que informe las fechas de ingresos, cargos y situación de revista actual de Millán y Castro; si sobre los mismos pesan sumarios administrativos previos; el registro de asistencia y cuadrícula de patrullaje asignada para los días 02/02/2026 al 18/02/2026 inclusive.

Ampliación de denuncia

Cabe recordar que la UFIJ N° 18 que está a cargo del fiscal Hugo Tesón recibió hace unos 12 días la ampliación de la denuncia que en la anterior semana realizó el exempleado de la GUP, cuya sede central se encuentra en la esquina de 20 y 50.

En esa ampliación de la denuncia, también presentada por Rodríguez, se le pidió al fiscal Tesón que proceda al secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad internas desde el día 2 hasta el 18 de este último mes de febrero.

Además, que se proceda a la extracción de audios, se certifique la identidad y legajos del personal denunciado y de la cadena de mando que ordenó el cese del empleado.

Como se recordará, Capital 24 había dado cuenta en exclusiva de la cadena de encubrimientos que le valió el despido a quien se animó a denunciar la venta de drogas asociada a personas que forman parte de un plantel municipal encargado de disuadirlos.

La persona que denunció la ilegalidad estuvo advirtiendo varias veces de las maniobras sospechosas a sus autoridades de turno en la GUP. En definitiva: habló y lo despidieron.