Por: Daniela Santandrea (*), especial para Capital 24
Sin embargo, vale la pena detenerse un momento y preguntarnos si realmente es así.
La política existe desde que los seres humanos comenzaron a organizarse en comunidad. Mucho antes de los partidos políticos, de los gobiernos modernos o de las redes sociales, ya existía la necesidad de decidir cómo convivir, cómo distribuir recursos, cómo resolver conflictos y cómo construir un proyecto común. Esa es, en esencia, la política.
Aristóteles definía al ser humano como un "animal político" porque entendía que la vida en comunidad requiere necesariamente de acuerdos, normas e instituciones. Siglos después, la democracia moderna consolidó esa idea al reconocer que la política es la herramienta a través de la cual las sociedades debaten su presente y diseñan su futuro.
Por eso resulta preocupante cuando cada frustración con un funcionario termina transformándose en una condena a la política en su conjunto.
Confundir ambas cosas no es un detalle menor.
Porque cuando se instala la idea de que el problema es la política, lo que en realidad se está cuestionando es la propia capacidad de la sociedad para organizarse democráticamente. Y allí aparece una paradoja: mientras más se debilita la confianza en la política, más espacio encuentran las soluciones simplistas, los liderazgos personalistas y los discursos que prometen resolver problemas complejos a través de atajos.
La historia demuestra que nunca fue por ahí.
Las sociedades más desarrolladas del mundo no llegaron a serlo eliminando la política. Lo hicieron fortaleciendo sus instituciones, profesionalizando la gestión pública y exigiendo mayores estándares éticos a quienes ejercen responsabilidades de gobierno.
El verdadero problema aparece cuando quienes ocupan cargos públicos olvidan que representan algo más grande que ellos mismos.
Max Weber, uno de los grandes pensadores de la administración pública moderna, sostenía que ejercer una función de gobierno implica asumir una ética de la responsabilidad. No alcanza con tener convicciones. Tampoco alcanza con construir un discurso atractivo. Quien administra recursos públicos debe comprender que cada una de sus acciones impacta sobre la credibilidad de las instituciones que representa.
Por eso la función pública exige más explicaciones, no menos. Exige más transparencia, no menos.
Exige más ejemplaridad, no menos.
Cuando un funcionario utiliza privilegios incompatibles con el discurso que sostiene, cuando evita rendir cuentas o cuando las explicaciones resultan insuficientes frente a las demandas de la ciudadanía, el daño no recae únicamente sobre su imagen personal. Lo que se erosiona es algo mucho más profundo: la confianza pública.
Y la confianza es uno de los activos más valiosos de cualquier democracia.
Los ciudadanos pueden tolerar errores. Lo que difícilmente toleran son las contradicciones permanentes entre lo que se dice y lo que se hace.
En ese punto, el debate deja de ser partidario para transformarse en institucional.
No importa el signo político. No importa si se trata de un gobierno nacional, provincial o municipal. No importa si quien gobierna se define como liberal, peronista, radical o independiente. Las exigencias de transparencia, responsabilidad y coherencia deberían ser exactamente las mismas para todos.
Porque la democracia no se fortalece cuando cambia un gobierno. Se fortalece cuando las reglas valen para todos.
Tal vez por eso sea necesario recuperar una distinción que muchas veces se pierde en el ruido cotidiano. La política no es el problema. La política es la herramienta que una sociedad tiene para construir acuerdos, resolver conflictos y proyectar un futuro compartido. Los funcionarios, en cambio, son transitorios. Pasan las gestiones. Pasan los gobiernos. Pasan los nombres. Las instituciones quedan.
Y cuando un funcionario actúa de manera irresponsable, no fracasa la política. Fracasa una persona en el ejercicio de una responsabilidad pública.
Por eso, frente a cada crisis de confianza, quizás haya llegado el momento de empezar a decir algo distinto. No es la política. Son los funcionarios. Y la solución no será nunca menos política. Será, necesariamente, una mejor política.
Con instituciones más sólidas, controles más efectivos y funcionarios conscientes de que ocupar un cargo público no es un privilegio, sino una responsabilidad frente a toda la sociedad.
(*) Licenciada en Ciencias Políticas. Especialista en Gestión Pública
y docente universitaria.
