Con esa iniciativa, pretende agilizar el registro de asociaciones de bien público, que les permitiría acceder con mayor fluidez a exenciones impositivas, subsidios y diversos programas de asistencia municipal.
“El requisito de presentar balances certificados resultaba un obstáculo económico para muchas organizaciones pequeñas”, explicó Galland al referirse a la modificación de la normativa vigente. Según analizó, esta exigencia técnica “terminaba excluyendo a las entidades de los beneficios estatales” en algunos casos.
Al respecto, señaló que “estas organizaciones son las que trabajan día a día en los barrios para mejorar la vida de la comunidad”, y que “por eso nuestro compromiso es estar cerca, ayudarlas y acompañarlas”.
Entre los puntos de la nueva norma, se destaca que la Dirección General de Entidades asumirá como autoridad de aplicación directa. Además, se extiende de seis meses a dos años el tiempo de gracia para regularizar documentación incompleta, y se elimina la obligatoriedad de presentar el balance certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
