Loteos ilegales: la Justicia frenó obras por seis meses y cuestionó la actuación del fiscal de la causa

La jueza de Garantías de nuestra ciudad, Marcela Garmendia, ordenó paralizar diez emprendimientos inmobiliarios investigados en La Plata y advirtió que, tras casi dos años de pesquisa, no existen imputaciones. También dispuso acumular los expedientes y marcó "demoras injustificadas" y falta de impulso investigativo.
Región14 de julio de 2026

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La investigación por los loteos ilegales en La Plata sumó una resolución de fuerte impacto judicial. La jueza de Garantías, Marcela Garmendia, ordenó la paralización por el plazo de seis meses de las obras en diez emprendimientos inmobiliarios denunciados por la Municipalidad y, al mismo tiempo, formuló severas observaciones sobre el trámite de la causa que instruye el fiscal de la UFI Nº 16, Juan Cruz Condomí Alcorta.

 

La medida cautelar dispone el cese inmediato de toda actividad vinculada con los desarrollos alcanzados por la investigación, incluyendo construcciones, movimientos de suelo, apertura de calles y ejecución de infraestructura.

 

Sin embargo, el alcance del fallo excede la cuestión cautelar. En siete de las diecisiete páginas de la resolución, la magistrada analizó el estado de la investigación y cuestionó el rumbo de la instrucción penal, al advertir demoras, falta de medidas investigativas y ausencia de decisiones procesales relevantes.

 

Críticas a la investigación

 

Entre los principales cuestionamientos, Garmendia señaló que, pese a que la causa se inició hace casi dos años, aún no se dictó "auto de mérito alguno", en referencia a la inexistencia de imputaciones formales contra los denunciados.

 

También observó la actuación del Ministerio Público al momento de expedirse sobre el pedido de medidas cautelares promovido por la Municipalidad. Según la resolución, el fiscal remitió la solicitud al Juzgado sin precisar cuáles eran las medidas que consideraba procedentes para cada caso, sin impulsar diligencias previas y sin desarrollar fundamentos propios en su condición de director de la investigación.

 

La jueza también cuestionó que las distintas denuncias vinculadas a la maniobra hayan tramitado por separado, pese a la conexidad existente entre ellas. Frente a esa situación, ordenó la acumulación de los expedientes, entendiendo que esa decisión debió adoptarse durante la etapa de instrucción.

 

En el fallo dejó expresamente aclarado que sus observaciones responden al control de legalidad que le impone la ley como jueza de Garantías y no constituyen una valoración subjetiva sobre la actuación de la fiscalía.

 

La dimensión del caso

 

La causa investiga la presunta comercialización de loteos sin autorización administrativa ni aptitud urbanística, una maniobra que, según la denuncia impulsada por la Municipalidad de La Plata, habría involucrado a desarrolladores inmobiliarios, intermediarios, profesionales y exfuncionarios municipales.

El relevamiento realizado por la Comuna identificó 435 barrios y proyectos de loteos ilegales o irregulares distribuidos sobre unas 3.380 hectáreas. De acuerdo con esos datos, ya existen 6.876 viviendas construidas y más de 32.800 parcelas proyectadas, con capacidad para albergar a unas 165.000 personas.

 

Los informes incorporados al expediente sostienen que miles de compradores adquirieron de buena fe terrenos que, en numerosos casos, correspondían a porcentajes indivisos de parcelas rurales o inmuebles que nunca reunieron las condiciones legales para ser urbanizados o escriturados.

 

Además, el Municipio advirtió que 254 de esos emprendimientos fueron desarrollados sobre zonas con peligrosidad hídrica media o alta y que gran parte de ellos carece de infraestructura básica, como redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales, suministro eléctrico, transporte público y servicios educativos y sanitarios.

 

Los investigados

 

La investigación alcanza al exintendente Julio Garro y a otros exfuncionarios, además de empresarios y particulares vinculados con los emprendimientos cuestionados. Entre los investigados figuran María José Botta, Marcelo Genoro, Luis Esteban Barbier, Ariel Fabián Bordigoni, Cecilia Mayochi, Leandro Arrechea, Facundo Dadín, Nahuel Julián Paradela, Melisa Soledad Bonfiglio, Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.

 

La resolución de Garmendia constituye uno de los pronunciamientos más relevantes dictados hasta el momento en el expediente, tanto por el alcance de las medidas cautelares como por las observaciones formuladas respecto del desarrollo de la investigación penal.

 

 

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