La recusación fue impulsada por la secretaria de Justicia y apoderada legal del Municipio, Marina Mongiardino, quien sostuvo que, a casi 21 meses de iniciada la investigación, el fiscal aún no adoptó decisiones de fondo, pese a contar desde hace más de un año con abundante prueba patrimonial, bancaria, documental y pericial.
Según la presentación, la demora no puede explicarse por la complejidad de la causa, sino que evidencia una “falta de impulso injustificada”. Además, el Municipio advirtió una contradicción en el accionar del fiscal: destacó que en los primeros meses promovió medidas de prueba relevantes, como el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal de los investigados, pero que, una vez obtenida esa información, la investigación perdió dinamismo y no registró avances procesales significativos.
El pedido de apartamiento se produjo pocos días después de que la jueza Garmendia ordenara paralizar una decena de emprendimientos inmobiliarios considerados ilegales y formulara severas críticas a la actuación del representante del Ministerio Público.
En esa resolución, la magistrada dispuso el cese de toda actividad de construcción, movimiento de suelo y apertura de calles en diez desarrollos inmobiliarios denunciados por la Municipalidad. Si bien el fallo resolvía un pedido de medidas cautelares, siete de sus 17 páginas estuvieron dedicadas a analizar el desarrollo de la investigación y a cuestionar el “no accionar” de la Fiscalía.
Garmendia también observó la demora en la formulación de imputaciones contra los denunciados, en una causa que apunta a determinar la existencia de una estructura integrada por empresarios del sector inmobiliario y exfuncionarios de la gestión municipal anterior, presuntamente dedicada a la comercialización de urbanizaciones irregulares.
La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por la gestión del intendente Julio Alak tras detectar más de 430 loteos presuntamente desarrollados y comercializados de manera ilegal durante la administración de Julio Garro. En ese contexto, el Municipio pidió investigar posibles delitos de estafa, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de exfuncionarios comunales y grupos inmobiliarios.
Posteriormente, en enero de este año, la Comuna amplió la denuncia al advertir que continuaba la venta de terrenos en emprendimientos cuestionados y solicitó que también se investiguen los presuntos delitos de desobediencia y estafa.
