La resolución alcanza a Tomás Matías Francavilla, Mauricio José Duarte Areco, Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré, quienes permanecen con prisión preventiva y fueron enviados a juicio como presuntos integrantes de una organización dedicada a cometer extorsiones telefónicas desde establecimientos penitenciarios.
Los abogados defensores sostuvieron que el Ministerio de Seguridad no tenía facultades para establecer, mediante resoluciones administrativas, un régimen de detención diferenciado y argumentaron que las restricciones resultaban incompatibles con el principio de inocencia, ya que ninguno de los imputados cuenta con una condena firme.
Sin embargo, los jueces Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández descartaron esos planteos. En el fallo señalaron que la declaración de inconstitucionalidad constituye un remedio excepcional y concluyeron que tanto el Ministerio de Seguridad como el Servicio Penitenciario Federal actuaron dentro de las atribuciones que les otorga la ley para clasificar a los internos según su nivel de peligrosidad.
Los camaristas sostuvieron que este sistema no implica una sanción adicional, sino una herramienta destinada a impedir que organizaciones criminales continúen cometiendo delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Además, remarcaron que el régimen contempla evaluaciones individuales y se encuentra sujeto al control de la Justicia.
En el caso de Cosentino y Cufré, la Cámara también advirtió que el recurso de apelación fue incorrectamente concedido, ya que ambas fueron incorporadas a un programa específico de "Elevado Riesgo Comunitario" del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, distinto del régimen general cuya constitucionalidad cuestionaban.
La investigación se inició tras la muerte de Rodrigo Gómez, ocurrida en diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos. A partir del análisis de una carta que dejó antes de quitarse la vida, los investigadores reconstruyeron una maniobra de extorsión que comenzaba con perfiles falsos en aplicaciones de citas y derivaba en amenazas telefónicas para exigir dinero.
La pesquisa, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, estableció que la organización operaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Lisandro Olmos. Según la causa, los internos administraban perfiles falsos, usurpaban identidades de policías para simular investigaciones judiciales y exigían transferencias de dinero a cuentas de mujeres que actuaban como intermediarias.
Para la Justicia, la capacidad de la banda para seguir coordinando delitos desde prisión fue uno de los principales fundamentos para aplicar el régimen de detención de alto riesgo que ahora quedó confirmado por la Cámara Federal.
