El conflicto entre el PAMI y los prestadores privados de salud podría ingresar en una nueva etapa durante los próximos días. Clínicas y sanatorios de distintos puntos del país avanzan en la organización de una reunión para evaluar la delicada situación que atraviesa el sistema y definir una estrategia común frente al deterioro económico que, aseguran, pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.
El encuentro, que busca ser impulsado con el acompañamiento de las principales cámaras que representan al sector, buscará unificar posiciones ante un escenario que, según coinciden los prestadores, se volvió cada vez más complejo por el atraso en los valores que perciben y el aumento sostenido de los costos de funcionamiento.
La convocatoria también es seguida con atención por el Gobierno nacional. En distintos sectores del oficialismo reconocen que el conflicto comenzó a adquirir una dimensión política que excede la discusión por los aranceles. El temor es que la situación termine impactando de lleno en la atención de los más de cinco millones de afiliados del PAMI y genere un conflicto sanitario de mayor escala.
La preocupación oficial creció en las últimas semanas luego de que comenzaran a registrarse reclamos de jubilados y familiares por demoras en la atención, incertidumbre sobre la continuidad de algunos servicios y episodios de tensión en diferentes establecimientos de salud. Incluso, en algunos casos, el malestar derivó en manifestaciones y ocupaciones de clínicas por parte de afiliados que exigían respuestas ante la posibilidad de quedarse sin cobertura.
Ese escenario encendió señales de alerta dentro del Gobierno, que comenzó a seguir de cerca la evolución del conflicto. La posibilidad de que clínicas y sanatorios coordinen una postura común a través de las entidades que los representan incrementa la presión sobre el PAMI para abrir una instancia de negociación que permita evitar una profundización de la crisis.
Desde hace meses, los prestadores vienen advirtiendo que la actualización de los aranceles quedó muy por debajo del incremento de salarios, medicamentos, insumos médicos, servicios públicos y tecnología sanitaria. Aseguran que el desfasaje económico ya afecta el funcionamiento cotidiano de numerosos establecimientos y compromete la sustentabilidad del sistema.
En ese contexto, la reunión prevista para los próximos días buscará analizar alternativas y definir los pasos a seguir. Entre las opciones que se discutirán figuran nuevos planteos institucionales al PAMI y distintas acciones para visibilizar la situación que atraviesan las clínicas y sanatorios que prestan servicios a la obra social de los jubilados.
Mientras tanto, el Gobierno intenta evitar que el conflicto escale. Una crisis que derive en restricciones en la atención o nuevas protestas de jubilados tendría un elevado costo político y pondría bajo la lupa el funcionamiento de uno de los organismos más sensibles del Estado.
Las definiciones que surjan de ese encuentro podrían marcar el rumbo de una negociación clave para el sistema sanitario. Lo que está en juego ya no es solamente la ecuación económica de clínicas y sanatorios, sino la continuidad y calidad de la atención que reciben millones de jubilados en todo el país.
