Desde la asociación civil de nuestra ciudad señalaron que actualmente las familias “no se endeudan para progresar o comprar un inmueble o un electrodoméstico”, sino que recurren a tarjetas de crédito y aplicaciones financieras de créditos inmediatos para afrontar gastos cotidianos como la compra de alimentos, el pago de servicios o la cancelación de deudas anteriores.
“Estamos ante un carrusel financiero invivible”, expresaron desde la organización, al considerar que el fenómeno ya no representa casos aislados sino una situación extendida en los hogares argentinos.
Al respecto, el presidente de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, sostuvo que “frente a este escenario hay un desafío claro: no solo proteger a las personas consumidoras frente a abusos, sino también construir herramientas eficaces para prevenir y resolver situaciones de endeudamiento que, en muchos casos, ya resultan difíciles de revertir”.
En ese sentido, la organización reclamó acciones urgentes para “solucionar el avance descontrolado del sobreendeudamiento de los consumidores en Argentina” y poner fin al “hostigamiento y acoso” que, según señalaron, realizan algunos estudios de cobranza “de manera inconstitucional e ilegal”.
Tres líneas de acción
Seguidamente, Consumidores Responsables planteó tres líneas de acción a los tres niveles del Estado:
** En el ámbito nacional, reclamó al Congreso de la Nación la “inmediata unificación y tratamiento” de los proyectos de ley frenados en comisiones para crear una Ley de Segunda Oportunidad o de Insolvencia Familiar, similar a las existentes en países europeos y de la región como Chile y Uruguay.
Según explicaron, esa normativa debería establecer un marco legal gratuito que permita a las personas reestructurar sus deudas “de forma justa y sostenible, sin poner en riesgo su subsistencia”. También solicitaron devolver facultades regulatorias al Banco Central (BCRA) para establecer límites a las tasas de interés de las fintech.
** A nivel provincial, la organización pidió la sanción de leyes que penalicen el acoso y hostigamiento de las agencias de cobranza. “Ninguna deuda legítima puede justificar la persecución psicológica a familiares, la invasión de la privacidad laboral o las amenazas falsas de embargo”, indicaron.
** En el plano municipal, reclamaron que los intendentes fortalezcan las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), impulsen ordenanzas para crear registros de control para financieras territoriales, establezcan instancias de mediación obligatoria y desarrollen programas de educación financiera.
Stegmayer informó además que la asociación trabaja en la elaboración de una ordenanza vinculada a esta problemática, “como ya existen en algunos municipios de la provincia”, y que convocan a otras organizaciones sociales para generar espacios de información, asesoramiento y acompañamiento para ciudadanos endeudados.
“El sobreendeudamiento no es una falla moral del ciudadano que gasta de más, es la consecuencia de salarios licuados por la inflación combinados con un mercado de dinero digital totalmente desregulado”, afirmó el titular de Consumidores Responsables.
Finalmente, expresó: “Mirar para otro lado es empujar a millones de argentinos a la marginalidad absoluta. El Estado, en todas sus instancias, debe intervenir ahora”.
