El concejal Gastón Álvarez, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata que propone establecer un régimen de requisitos de idoneidad para quienes ocupen cargos políticos y de conducción dentro de la Municipalidad.
La iniciativa plantea la implementación de mecanismos destinados a garantizar que los funcionarios que accedan a puestos de responsabilidad institucional cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar sus tareas, bajo criterios de mérito, profesionalización, integridad y aptitud funcional.
Según el texto del proyecto, la normativa alcanzaría a cargos como secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, coordinadores y otras funciones políticas o de especial responsabilidad institucional que determine el Ejecutivo.
Entre los requisitos previstos se establece que quienes sean designados deberán acreditar idoneidad acorde al cargo, antecedentes vinculados con la función a desarrollar y aptitud psicofísica para el ejercicio de sus responsabilidades.
Además, el proyecto contempla la realización de evaluaciones destinadas a verificar esas condiciones y establece que la información obtenida durante esos procesos tendrá carácter confidencial y sólo podrá utilizarse para determinar la aptitud de la persona para ocupar el cargo.
La propuesta también establece que el Departamento Ejecutivo será la autoridad encargada de implementar el régimen, organizar los mecanismos de evaluación y dictar las normas necesarias para su aplicación.
Según argumentó Álvarez, "la calidad institucional de un Estado se encuentra estrechamente vinculada con la idoneidad de quienes ejercen la función pública".
"La ciudadanía deposita en los agentes y funcionarios públicos la administración de recursos colectivos, la adopción de decisiones que impactan sobre los derechos de las personas, la conducción de equipos de trabajo y el ejercicio de potestades propias del Estado", agregó el concejal.
"En ese contexto, fortalecer los mecanismos destinados a verificar la aptitud para el desempeño de dichas funciones no constituye una restricción al acceso al empleo público, sino una herramienta destinada a garantizar una administración más profesional, transparente, eficiente e íntegra", resaltó el edil.
Por último, Álvarez recordó que "el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad".
"Este principio constituye una garantía para quienes aspiran a ingresar al empleo público y, principalmente, para la ciudadanía, que tiene derecho a contar con instituciones integradas por personas aptas para ejercer las responsabilidades que el Estado le confía", concluyó.
