“El proyecto ya comenzó a avanzar mientras siguen sin respuesta los pedidos de información presentados por vecinos y proteccionistas”, destacaron, para luego asegurar que el Municipio “avanza con la iniciativa mientras continúan los trabajos y ya se incorporaron animales”, por lo que siguen esperando respuestas a los pedidos de información presentados ante distintos organismos públicos.
Al respecto, indicaron: “La discusión ya no se limita al bienestar animal; también involucra la transparencia en el uso de los recursos públicos, la continuidad de las políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo, por qué y con qué fundamentos se toman estas decisiones”.
“Durante los últimos años, la ciudad impulsó una política que muchos ciudadanos acompañaron: EDUCAR PARA ENSEÑAR. NO EXHIBIR PARA ENTRETENER”, recordaron, para de inmediato agregar que “bajo esa mirada, la antigua granja de la República de los Niños dejó de funcionar”, aunque “hoy, ese mismo espacio vuelve a abrirse”.
“¿Qué cambió para que La Plata vuelva a abrir una exhibición de animales que había dejado atrás?”, insistieron.
En tanto, dieron a conocer las distintas instituciones a las que recurrieron con el objetivo de obtener información oficial antes de que el proyecto avanzara. “Presentamos notas, pedidos de información y solicitudes de pronta respuesta ante el intendente Julio Alak, como así también a la Dirección de la República de los Niños; Defensoría del Ciudadano; Concejo Deliberante de La Plata; Planeamiento; Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires; Colegio de Veterinarios”.
“Mientras esos pedidos continúan pendientes sin respuesta, el proyecto siguió avanzando”, denunciaron.
No obstante, dejaron en claro que “a la fecha, solo el Colegio de Veterinarios, al cual agradecemos su atención, fue la única institución que nos contestó”.
Preguntas sin responder
“Las preguntas que todavía nadie respondió”, fue el enunciado de otro tramo del escrito dado a conocer para advertir sobre la situación:
¿Cuál es el presupuesto asignado al proyecto?; ¿De dónde provienen los animales incorporados?; ¿Quién financiará el funcionamiento del proyecto?; ¿Qué evaluación técnica justificó la reapertura?; ¿Quién aprobó y firmó esta decisión?; ¿Quién responderá por el bienestar de los animales y por las consecuencias del proyecto?
“La ciudadanía tiene derecho a conocer estas respuestas cuando se trata de decisiones públicas”, insistieron.
A su vez, denunciaron que “el proyecto continúa avanzando y la ciudadanía sigue sin conocer públicamente el presupuesto asignado; los fundamentos técnicos; las evaluaciones que respaldan la decisión; los responsables institucionales; los mecanismos de control y seguimiento del proyecto”.
“Toda política pública debería poder responder preguntas básicas: quién la decidió, con qué fundamentos, con qué presupuesto, quién la ejecuta, quién la controla y quién responde por sus resultados”, precisaron.
