La macroeconomía volvió a exhibir una de sus contradicciones más visibles. Mientras el Gobierno insiste en presentar una economía estabilizada y con indicadores históricos, la discusión sobre la situación cotidiana de millones de familias quedó reducida a una cuestión de responsabilidad individual. El presidente Javier Milei relativizó el avance del endeudamiento familiar y sostuvo que quienes hoy tienen dificultades para afrontar sus créditos deben resolver el problema por su cuenta, sin intervención del Estado.
En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario aseguró que "no somos Suiza, pero estamos mucho mejor" y afirmó que la cantidad de personas que no llega a fin de mes sería menor que al inicio de su gestión. Sin embargo, fue durante una entrevista en LN+ donde dejó la frase que terminó dominando el debate político y económico: "La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás".
Cuando la macro deja de mirar la micro
El razonamiento presidencial coloca el foco exclusivamente sobre la decisión individual de quien toma un crédito. Pero deja fuera una variable central: por qué una proporción creciente de argentinos comenzó a financiar con deuda aquello que históricamente cubría con su salario.
Los datos disponibles muestran una realidad difícil de ignorar. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, el 61,9% de los argentinos tomó deuda durante los últimos seis meses. Más significativo aún es el destino de esos préstamos: el 53,7% recurrió al crédito simplemente para pagar alimentos, servicios y otros gastos esenciales. Apenas el 11,5% utilizó financiamiento para adquirir bienes durables.
Es decir, el crédito dejó de funcionar como una herramienta para anticipar consumo o inversión y pasó a convertirse, para millones de hogares, en un mecanismo de supervivencia.
La situación también encuentra correlato en los registros del sistema financiero. De acuerdo con datos del Banco Central, existen actualmente 20,9 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente y alrededor de 5,8 millones presentan atrasos superiores a los 90 días. Paralelamente, el Banco Nación informó que durante 2026 refinanció más de 62.000 deudas por más de 310.000 millones de pesos mediante programas destinados a clientes con dificultades de pago. Los números reflejan que el problema dejó de ser marginal para transformarse en un fenómeno extendido.
La encuesta de Zentrix también revela que el 86,6% considera que un solo empleo ya no alcanza para cubrir los gastos mensuales y que el 87,4% cree que los salarios continúan perdiendo frente a la inflación. Dos de cada tres argentinos llegan sin ingresos antes del día 20 del mes y apenas el 9,3% logra terminar el período con capacidad de ahorro.
En ese contexto, la afirmación presidencial acerca de que el endeudamiento constituye exclusivamente una decisión privada recuerda una concepción económica donde el Estado limita su responsabilidad al equilibrio macroeconómico y traslada completamente a cada individuo el costo de resolver las consecuencias sociales del ajuste. Una lógica que remite, por su impronta, a las políticas de Margaret Thatcher en la Gran Bretaña de los años ochenta, donde la eficiencia del mercado ocupó el centro del debate y la situación concreta de los hogares quedó relegada a la esfera individual.
Mientras tanto, el Gobierno continúa destacando el crecimiento del PBI, el aumento de las exportaciones y la desaceleración inflacionaria como prueba del éxito del programa económico. Pero la economía cotidiana parece recorrer un camino distinto. Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comprar comida, cuando el salario pierde capacidad de compra y la morosidad sigue creciendo, la discusión ya no pasa solamente por cuánto bajó la inflación. La verdadera pregunta es otra: si la estabilidad macroeconómica no consigue aliviar la vida diaria de quienes trabajan, ¿para quién empieza realmente la recuperación?
La deuda como síntoma y no como elección
La explicación presidencial también encuentra un límite cuando se observa cómo cambió el funcionamiento del crédito en la economía argentina. Durante años, endeudarse fue una herramienta para adquirir una vivienda, un automóvil o financiar una inversión. Hoy, según los relevamientos disponibles, el préstamo se utiliza para cubrir gastos corrientes porque el ingreso dejó de alcanzar. El problema ya no es el crédito en sí mismo, sino el deterioro del salario real que obliga a convertir la deuda en un ingreso complementario.
En ese escenario, la libertad de elegir también queda condicionada por la necesidad. Cuando una familia financia alimentos, medicamentos o la factura de electricidad, difícilmente pueda hablarse de una decisión tomada en igualdad de condiciones. La opción muchas veces no es entre endeudarse o no hacerlo, sino entre tomar un préstamo o resignar consumos básicos.
Por eso la discusión excede la responsabilidad individual. La economía puede exhibir mejores indicadores fiscales, menor inflación o superávit financiero, pero si esos logros no logran reconstruir el poder adquisitivo, el mercado interno continúa debilitándose. En definitiva, la estabilidad macroeconómica sólo termina consolidándose cuando deja de medirse en planillas oficiales y empieza a sentirse en la mesa familiar. Mientras eso no ocurra, la brecha entre los números del Gobierno y la percepción social seguirá creciendo, alimentando una desconfianza que hoy ya reflejan las propias encuestas.
