El Gobierno decidió entregar una suma fija de $50.000 al personal activo de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales. El refuerzo llegará con los salarios de agosto, justo cuando comenzó a tomar volumen una discusión incómoda para la Casa Rosada: cuánto cobra el personal especializado que debe operar los sistemas militares más complejos y costosos del país.
La medida fue oficializada mediante los decretos 695/2026 y 696/2026. El pago será excepcional, remunerativo y no bonificable. Esto significa que tendrá descuentos previsionales, pero no se incorporará al salario ni servirá para calcular suplementos y adicionales. Traducido al castellano de bolsillo: serán $50.000 por única vez y después, como suele ocurrir con los bonos, aquí no ha pasado nada.
El beneficio alcanzará al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del personal activo de Inteligencia militar y de la Policía de Establecimientos Navales. También comprenderá a la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Aviones millonarios, especialistas baratos
El anuncio llega después de que se difundieran los bajos ingresos de los aviadores seleccionados para operar los F-16 incorporados por la Argentina. Conviene precisar el dato: no existe un salario especial por pilotear ese sistema de armas. Los aviadores cobran según su grado militar, antigüedad y suplementos correspondientes.
La escala oficial fijada para agosto ubica el haber básico de un primer teniente de la Fuerza Aérea en alrededor de $1,21 millones y el de un capitán cerca de $1,36 millones. Sobre esas cifras pueden sumarse adicionales por función, destino y antigüedad, por lo que el ingreso final varía en cada caso. Aun con esa aclaración, el contraste resulta difícil de disimular: el Estado invierte años y millones de dólares en formar a un piloto capaz de operar un avión supersónico y luego le paga un ingreso que apenas compite con numerosos empleos privados de calificación muy inferior.
La contradicción excede a los F-16. Las Fuerzas Armadas arrastran una estructura salarial deteriorada que favorece la salida de personal técnico, pilotos, mecánicos, ingenieros y especialistas cuya formación demanda años y recursos públicos. Comprar equipamiento moderno sin retener a quienes deben usarlo es una forma particularmente cara de fingir capacidad militar.
El Gobierno había dispuesto una recomposición escalonada del 6% para junio, julio y agosto e incorporó un suplemento permanente por títulos académicos, de entre el 10% y el 25% del haber bruto. Son medidas orientadas a jerarquizar la formación, aunque todavía están lejos de resolver la brecha acumulada.
El bono intenta ofrecer una respuesta inmediata, pero su dimensión revela el tamaño del problema. Cincuenta mil pesos pueden aliviar una cuenta, no reconstruir una carrera militar. Mucho menos cuando se exige disponibilidad permanente, disciplina, capacitación continua y responsabilidad sobre equipos que cuestan decenas de millones de dólares.
La defensa nacional no se construye solamente comprando aviones para exhibirlos en una ceremonia. También exige pagarles dignamente a quienes deben volarlos, mantenerlos y eventualmente arriesgar la vida dentro de ellos. Porque un F-16 puede ser supersónico, pero con salarios de subsistencia la política de defensa sigue avanzando a paso de hombre.
