El pedido de informes solicita que el Municipio informe si tomó conocimiento de la colocación de los carteles, si existió autorización oficial para su instalación y, en caso afirmativo, qué funcionario la dispuso. También requiere conocer si la Secretaría de Salud impartió instrucciones para su confección, impresión o distribución, quién elaboró el material, si se utilizaron recursos públicos y cuál fue el costo de esa eventual erogación.
Además, el proyecto reclama información sobre la situación de los 46 CAPS del distrito. Entre otros puntos, solicita detalles sobre el presupuesto de la Secretaría de Salud, el grado de ejecución de las partidas, el stock de medicamentos y vacunas, los faltantes registrados durante el último año, las compras realizadas en 2025 y 2026, las contrataciones en trámite, el estado edilicio de cada centro de salud, las obras ejecutadas, la dotación de personal y la existencia de reclamos administrativos vinculados al funcionamiento de los establecimientos.
Con respecto al pedido de interpelación a la secretaria de Salud, la iniciativa sostiene que la funcionaria debe comparecer ante los concejales de los distintos bloques políticos que integran el Concejo Deliberante para explicar la decisión administrativa que, según el texto, derivó en la exhibición de cartelería en los 46 Centros de Atención Primaria de la Salud del municipio.
En los fundamentos comunes de ambas iniciativas, el edil sostiene que los CAPS deben ser "ámbitos de absoluta neutralidad institucional" y afirma que en los últimos días se difundieron imágenes y testimonios de vecinos y trabajadores de la salud que mostrarían la presencia de cartelería con contenido político en establecimientos sanitarios municipales.
El proyecto señala que, de confirmarse esos hechos, existiría una utilización de establecimientos públicos para difundir propaganda política y sostiene que los centros de salud deben brindar información sanitaria objetiva y libre de utilización partidaria. También afirma que la salud pública constituye una responsabilidad esencial del Estado y que la prioridad del Municipio debe ser la gestión del sistema sanitario.
Finalmente, Morzone argumenta que la Ley Orgánica de las Municipalidades faculta al Concejo Deliberante a ejercer funciones de control sobre el Departamento Ejecutivo y sostiene que la interpelación constituye la herramienta institucional adecuada para esclarecer los hechos. Ambos proyectos incluyen como anexo la imagen del cartel que dio origen a las presentaciones.
Interpelación fallida
El año último la oposición también impulsó la interpelación del secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, en una iniciativa promovida por el Pro y La Libertad Avanza. Sin embargo, el proyecto no consiguió los votos necesarios para su aprobación y finalmente el funcionario concurrió a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante para brindar explicaciones, aunque no fue interpelado en el recinto.
El Gobierno nacional y el uso del Garrahan
Cabe recordar que en un contexto distinto, el Gobierno nacional también utilizó canales institucionales del Hospital Garrahan para visibilizar públicamente el reclamo por la deuda que, según las autoridades del centro de salud, mantiene IOMA. A través de placas difundidas en las pantallas y en los canales oficiales del hospital, se informó que la obra social bonaerense concentraba cerca del 40% de la deuda que distintas provincias mantenían con el establecimiento pediátrico, en medio de la discusión por el financiamiento del sistema sanitario.
