El protocolo establece procedimientos de actuación y coordinación institucional frente a manifestaciones, concentraciones, movilizaciones, marchas, acampes, cortes totales o parciales de calles, avenidas y accesos, así como ocupaciones de espacios públicos que impidan o dificulten significativamente la circulación vehicular o peatonal dentro del Partido de La Plata.
El Protocolo tendría como autoridad de aplicación a la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y a la Secretaría de Seguridad, que deberán actuar coordinadamente con otras áreas municipales y, cuando corresponda, con autoridades provinciales y judiciales.
También contempla la creación de un Registro Municipal de Cortes y Alteraciones de la Vía Pública, de carácter público, que deberá reunir información sobre los cortes, su duración, las zonas afectadas, los organismos intervinientes y las medidas adoptadas.
La propuesta también establece que la Municipalidad deberá determinar los costos de cada operativo, incluyendo los recursos humanos, vehículos, maquinarias, señalización, vallados, desvíos y eventuales tareas de limpieza, reparación o reposición de bienes públicos. En caso de que una manifestación, corte o alteración de la vía pública provoque daños a bienes municipales o gastos extraordinarios, el proyecto dispone que el Departamento Ejecutivo promueva las acciones administrativas y judiciales para recuperar los costos efectivamente ocasionados, previa determinación de la responsabilidad correspondiente.
Expresión legítima
Si bien el concejal reafirma que “las manifestaciones públicas constituyen una expresión legítima de los derechos de reunión, petición y libertad de expresión reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los tratados internacionales de derechos humanos”, también plantea que “el Estado tiene la obligación de garantizar que el ejercicio de esos derechos resulte compatible con otros derechos de igual jerarquía, tales como la libre circulación, el acceso a hospitales, establecimientos educativos, edificios públicos y la continuidad de los servicios esenciales”.
En ese sentido, Álvarez señala que “en las grandes ciudades resulta frecuente la realización de manifestaciones, movilizaciones y cortes de vías de circulación que requieren una actuación organizada por parte del Municipio para reducir las afectaciones que puedan generar sobre la comunidad, preservar la movilidad urbana y coordinar la intervención de las distintas áreas competentes”.
Sobre el objetivo de establecer reglas específicas, sostiene: “La presente Ordenanza procura establecer un procedimiento único de actuación para todas las dependencias municipales, definiendo criterios comunes de intervención que permitan brindar respuestas más rápidas, coordinadas y eficientes frente a este tipo de situaciones”. Y agrega: “La existencia de reglas previamente establecidas fortalece la seguridad jurídica, brinda previsibilidad a la actuación estatal y favorece una respuesta institucional más eficiente frente a este tipo de situaciones”.
El proyecto también vincula la iniciativa con el Código de Convivencia Ciudadana de La Plata. Según los fundamentos, “en consonancia con el artículo 150 del Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de La Plata, sancionado por Ordenanza N° 12170, el presente Protocolo viene a establecer un procedimiento de actuación para que el Municipio pueda garantizar, de manera simultánea, el derecho a la protesta, la libre circulación, la continuidad de los servicios esenciales y el normal funcionamiento de la ciudad, mediante una actuación coordinada y dentro del marco de sus competencias legales”.
Respecto del Registro Municipal de Cortes y Alteraciones de la Vía Pública, Álvarez afirma que su creación “tendrá por finalidad centralizar, sistematizar y resguardar la información relativa a toda intervención que implique la ocupación, restricción, corte total o parcial o alteración de la circulación en la vía pública”. Además, sostiene que “el registro garantiza la transparencia en la gestión pública, el libre acceso a la información, permite planificación y control ciudadano, asegura la rendición de cuentas (costos de operativo) y permite la elaboración de políticas públicas ante fenómenos de similar tenor”.
Sobre la determinación de los costos, el concejal plantea: “La determinación de los costos de cada operativo responde al principio de transparencia en la administración de los recursos públicos y de rendición de cuentas. De esta manera nos permite conocer con precisión los recursos humanos, materiales y financieros que demanda cada intervención, fortaleciendo el control ciudadano sobre el destino de los fondos públicos”.
Finalmente, Álvarez fundamenta la presentación en “los acontecimientos ocurridos el 26 de junio pasado en el ámbito de la Municipalidad de La Plata”, que, según sostiene, “pusieron de manifiesto la necesidad de que el Municipio cuente con un Protocolo Municipal de Actuación ante Cortes de Calles y Alteraciones a la Libre Circulación, que establezca procedimientos claros, uniformes y coordinados para la intervención de las distintas áreas municipales”.
“La ausencia de reglas previamente definidas puede generar respuestas descoordinadas, afectar la prestación de servicios esenciales, comprometer la seguridad de los vecinos y del personal municipal, y dificultar la protección simultánea de derechos de igual jerarquía constitucional”, afirma el edil. Y concluye: “La experiencia reciente evidencia la conveniencia de dotar al Municipio de una herramienta normativa que permita actuar con previsibilidad, coordinación y eficiencia frente a situaciones que alteren la circulación o el normal funcionamiento de la ciudad, resguardando tanto el interés público como los derechos de todos los habitantes”.
