La causa que investiga el crecimiento de loteos y barrios presuntamente ilegales en La Plata volvió a tomar impulso y tiene nuevamente a Julio César Garro en el centro de la escena judicial.
El exintendente fue notificado formalmente como imputado el pasado 7 de agosto, durante una presentación realizada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 Departamental, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci.
Garro recibió una copia del acta y quedó formalmente incorporado a una investigación que analiza posibles maniobras vinculadas con el funcionamiento de la administración municipal durante el período 2015-2023.
La causa lleva una extensa carátula: “Garro, Julio y otros s/Fraude en perjuicio de la administración pública - Enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público - Defraudación por administración fraudulenta - Abuso de autoridad - Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El expediente intenta establecer si detrás de determinados loteos y desarrollos urbanísticos hubo decisiones administrativas que pudieron vulnerar la normativa vigente y generar perjuicios para el Estado o para particulares.
Entre los delitos aparecen el presunto enriquecimiento ilícito, la defraudación por administración fraudulenta, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación también incorporó una posible afectación ambiental de incidencia colectiva, contemplada por la Ley General del Ambiente N° 25.675.
La resolución también alcanzó a otros integrantes de la administración municipal anterior. Entre los exfuncionarios que ya fueron imputados aparecen Oscar Negrelli, quien fue jefe de Coordinación Municipal, y María José Botta, exsecretaria de Planeamiento Urbano. Ambos ya comparecieron ante la fiscalía.
La ronda de declaraciones todavía no terminó. Luis Esteban Barbier, exsecretario de Obras Públicas, informó que se encuentra de viaje y que regresará el 14 de agosto. También deben comparecer Leandro David Ronga, Marcela Rogg, Augusto Sciarreta y Marcelo Gustavo Genoro.
La instrucción estaba inicialmente en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N° 16. El Municipio de La Plata solicitó su recusación ante la jueza de Garantías N° 5, Marcela Garmendia, al considerar que no había avances suficientes.
La Justicia hizo lugar al planteo y el Ministerio Público Fiscal designó a Juan Ignacio Mennucci para continuar con la investigación y resolver las imputaciones.
La actual gestión municipal detectó, en un relevamiento, alrededor de 450 barrios y loteos considerados irregulares en distintos puntos de La Plata. De ese total, cerca de 250 no podrían avanzar hacia una eventual regularización debido a que no cumplirían con las condiciones exigidas.
Muchos de esos desarrollos se encuentran en sectores periféricos de la ciudad y habrían comenzado a crecer durante la administración anterior, en algunos casos a partir de emprendimientos impulsados junto con particulares.
La investigación puso también el foco en ordenanzas municipales que no habrían contado con el correspondiente aval provincial. La situación obligó a revisar la normativa y adecuarla a las disposiciones establecidas por la Provincia de Buenos Aires.
El resultado es una ciudad atravesada por barrios que, en algunos casos, ya tienen calles, viviendas y vecinos, pero cuyo origen urbanístico ahora es materia de investigación.
La Municipalidad de La Plata abrió un registro destinado a quienes compraron terrenos vinculados con desarrollos presuntamente irregulares. La convocatoria recibió cerca de 2.000 consultas y permitió formalizar la inscripción de más de 90 damnificados.
Además, el Municipio incorporó a la denuncia penal cuatro nuevos emprendimientos detectados en distintos sectores de la periferia.
Desde el área de Ordenamiento Urbano y Territorial advirtieron sobre una de las principales trampas que enfrentan los compradores: adquirir una parcela mediante una operación realizada ante un escribano no significa necesariamente que ese terreno esté habilitado para convertirse en suelo urbano.
En particular, la situación se presenta con terrenos rurales indivisos que son ofrecidos como si pudieran transformarse en barrios o parcelas aptas para construir.
El comprador puede descubrir después que el predio no tiene autorización para urbanizar, que no puede acceder a determinados servicios y que tampoco podrá obtener una escritura convencional sobre el lote como esperaba.
El nuevo avance judicial intenta determinar qué ocurrió detrás de los desarrollos cuestionados y qué papel tuvo cada funcionario o particular involucrado.
La Justicia deberá establecer si las decisiones administrativas estuvieron dentro de la normativa o si, por el contrario, existieron maniobras destinadas a favorecer determinados emprendimientos, perjudicar al Estado o permitir desarrollos que no estaban habilitados.
