El endeudamiento familiar consiguió algo que pocas cosas logran en el Congreso: poner a casi toda la oposición a discutir el mismo problema. La dificultad, bastante más argentina, es conseguir que acuerden una misma solución. Cerca de 30 proyectos se acumulan en Diputados mientras crece la presión para que el Estado intervenga frente a una morosidad que dejó de ser una discusión financiera para instalarse en la economía cotidiana.
El Gobierno de Javier Milei sostiene una posición conocida: quien tomó una deuda celebró un acuerdo entre particulares y el Estado no debería meterse. Del otro lado del mostrador, peronistas, izquierda y sectores provinciales responden que cuando millones de personas empiezan a tener problemas simultáneamente para pagar, la explicación individual comienza a quedar un poco corta.
Las iniciativas presentadas recorren distintas alternativas. Hay proyectos de refinanciación, límites al porcentaje del ingreso que puede absorber una cuota, nuevas regulaciones para el otorgamiento de créditos y mecanismos destinados a quienes ya cayeron en mora. También empezó a circular la posibilidad de construir algún régimen de emergencia crediticia.
El problema opositor es casi matemático. Tener 30 proyectos demuestra que el tema adquirió volumen político, pero también dispersa fuerzas. Cada bloque tiene su receta y, como suele ocurrir en Diputados, todos consideran que la propia cocina mejor.
La oposición hace cuentas y el Gobierno ya piensa en el veto
Las conversaciones comenzaron a multiplicarse porque presentar proyectos resulta bastante más sencillo que convertirlos en ley. La oposición necesita primero reunir votos para llegar al recinto y emplazar a las comisiones, después reducir la cantidad de iniciativas hasta construir un dictamen común y finalmente volver a conseguir mayoría para aprobarlo.
Sin radicales y sectores del PRO, el camino se vuelve considerablemente más difícil. Por eso las negociaciones apuntan también a conseguir una masa crítica suficientemente grande como para aumentar el costo político de acompañar al oficialismo.
Ahí aparece el problema para los aliados parlamentarios de La Libertad Avanza. La discusión dejó de ser abstracta: las estimaciones manejadas en el debate político hablan de alrededor de seis millones de personas con dificultades vinculadas al endeudamiento y una porción muy comprometida por la mora. Defender frente a ese universo que solamente existe un contrato entre particulares puede resultar impecable en un manual libertario y bastante menos cómodo durante una campaña electoral.
En el oficialismo conocen el riesgo. La respuesta que circula entre legisladores libertarios es sencilla: si la oposición consigue sancionar una intervención que contradiga la política económica del Ejecutivo, Milei podría vetarla. Antes, sin embargo, deberán impedir que se conforme una mayoría capaz de llevar el asunto hasta su escritorio.
La presión también salió del Palacio Legislativo. La CGT, la UTEP y las dos CTA movilizaron hacia el Ministerio de Economía para instalar el endeudamiento como consecuencia de la política económica. Jorge Sola, secretario general de la CGT, definió el fenómeno como una "pandemia de endeudamientos" y rechazó que pueda reducirse a una relación entre particulares.
La discusión alcanza además al marco regulatorio del crédito y al efecto de las desregulaciones introducidas durante la gestión libertaria. Allí la oposición encuentra el argumento político para discutir no solamente cómo rescatar al deudor que ya cayó, sino bajo qué condiciones se presta dinero.
Todavía no están los votos. Tampoco existe un proyecto único. Pero las cuentas ya empezaron y ésa es la novedad que inquieta al oficialismo. Milei puede sostener que cada deuda pertenece exclusivamente a quien la tomó. El problema comienza cuando millones tienen la misma deuda, treinta diputados presentan soluciones y el Congreso empieza a sumar votos. En ese punto, lo privado tiene la mala costumbre de convertirse en política.
