Las clínicas y sanatorios de la Patagonia realizaron un paro de 24 horas que suspende la atención programada a los afiliados de PAMI. La medida alcanza a 28 instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa y deja sin sus prestaciones habituales a unos 300.000 jubilados de la región.

Durante la jornada quedaron suspendidas las consultas médicas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras que las guardias y la atención de emergencias continúan funcionando de manera obligatoria. Santa Cruz y Tierra del Fuego decidieron no adherir a la medida de fuerza. Los prestadores presentan la protesta como una advertencia ante la situación financiera que atraviesan las instituciones.

La decisión del paro se origina por el fuerte desfasaje que existe entre los aranceles que paga PAMI y los costos reales de sostener las prestaciones. Los prestadores denuncian que durante los últimos dos años y medio la inflación acumulada superó el 341%, mientras que los aranceles abonados por la obra social estatal aumentaron apenas un 143%. La diferencia representa, de acuerdo con sus cálculos, una pérdida cercana al 75% del valor real de los ingresos.

La medida de fuerza fue sintetizada por Rubén Kowalyszyn, director médico de la Clínica Viedma, quien sostuvo: “Esto es producto de meses y meses de deterioro. Nosotros todos los meses reclamamos y la respuesta es que no hay plata”. El médico aseguró que la situación llegó a un límite y advirtió: “Si esto no se corrige, el sistema se va a caer definitivamente”.

Desde el sector también cuestionan que determinadas prestaciones directamente se realizan a pérdida. Las clínicas aseguran que algunos módulos abonados por PAMI no alcanzan para cubrir siquiera los materiales utilizados durante una intervención. En cirugías complejas y tratamientos urológicos, por ejemplo, denuncian que el material descartable obligatorio puede costar más que el total que la obra social reintegra por el procedimiento completo.

A la pérdida del valor de los aranceles se suma otro problema financiero: los prestadores denuncian que las liquidaciones por las prácticas realizadas llegan con demoras de entre 90 y 120 días. En un contexto inflacionario, cobrar meses después implica recibir recursos que perdieron capacidad de compra, dificultando la reposición de insumos médicos y el pago de salarios y otros gastos de funcionamiento.

Para este año, además, las cámaras señalan que PAMI proyectó un incremento real de los aranceles cercano al 6%, pero que ese ajuste recién se cobraría efectivamente en octubre. Esto obliga a las instituciones a atravesar buena parte del año con valores que consideran desactualizados, mientras los costos de medicamentos, insumos, salarios y servicios continúan presionando sobre sus estructuras.

Vale recordar que la atención de los afiliados al PAMI representa entre el 25% y el 55% de la facturación total de los sanatorios patagónicos. Por eso, los prestadores advierten que la falta de actualización no solamente amenaza determinadas prestaciones, sino también la capacidad de las instituciones para sostener sus estructuras y garantizar el pago de los salarios de médicos, enfermeros y demás trabajadores.

El reclamo de las clínicas y profesionales fue acompañado por organizaciones de jubilados. Claudia Baum, referente de la Asamblea de Jubilados en Lucha de Chubut, expresó: “La obra social más importante de Latinoamérica no puede funcionar atada con alambres”. Y agregó: “No nos atienden, nos cortan las prestaciones y ya no nos alcanza el sueldo ni para pagar los medicamentos más básicos en la farmacia”. Sus palabras muestran que el deterioro financiero que produce el Gobierno en las clínicas termina impactando directamente sobre quienes dependen de sus servicios.

Por su parte, Kowalyszyn explicó que la suspensión fue tomada como una forma de hacer visible una situación que, según los prestadores, lleva meses sin encontrar respuesta. “No tenemos más opciones de llamar la atención a toda la sociedad diciendo: bueno, cortamos un día todas las atenciones”, sostuvo.