La ampliación de la declaración de Agustina Bisio dejó expuestas las diferencias entre quienes tenían a su cargo los controles de los laboratorios y volvió a poner bajo la lupa la cadena de decisiones que precedió a la producción y distribución de los lotes contaminados.
La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estuvo casi cinco horas ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y la fiscal María Laura Roteta. Allí rechazó tener responsabilidad directa por las demoras que permitieron que Laboratorios Ramallo y HLB Pharma continuaran funcionando pese a las irregularidades detectadas.
Su principal argumento fue que las decisiones técnico-operativas vinculadas con las plantas elaboradoras correspondían al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que estaba bajo la conducción de Gabriela Mantecón Fumadó.
“Rechazo que todo lo que ocurría en la ANMAT estuviera en mi conocimiento”, sostuvo Bisio. Según su versión, la conducción del organismo no podía intervenir directamente sobre cada expediente ni sobre cada medida adoptada por sus áreas especializadas.
Dos versiones sobre quién debía decidir
La explicación de Bisio choca con otra pieza central del expediente: la declaración que había realizado la propia Mantecón Fumadó.
La ex directora del INAME sostuvo ante la Justicia que la ANMAT funcionaba, en los hechos, bajo una relación de subordinación respecto del Ministerio de Salud y que Bisio era quien concentraba la relación con esa cartera. Según declaró, desde el Ministerio se indicaban determinados laboratorios que debían ser evaluados y se ejercía presión sobre la titular de la ANMAT para conocer cómo avanzaban los procedimientos.
Mantecón también afirmó que debía elevar las actuaciones a Bisio y que esta tenía la orden de que todo pasara por el Ministerio. Incluso reconoció que se trataba de una metodología de la gestión que no estaba establecida formalmente en ninguna norma.
Así, las dos defensas quedaron ubicadas en posiciones prácticamente opuestas. Bisio sostiene ahora que el INAME contaba con autonomía suficiente para decidir sobre las medidas contra los laboratorios. Mantecón, en cambio, había planteado que las decisiones importantes debían atravesar a Bisio y al Ministerio.
La diferencia es clave porque una de las preguntas centrales del expediente es precisamente quién tenía capacidad efectiva para ordenar las medidas que podían impedir que Ramallo y HLB Pharma continuaran operando.
Una demora que quedó bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la demora en las cartas de advertencia que los equipos técnicos habían preparado después de detectar graves irregularidades.
La documentación incorporada a la causa indica que una de esas medidas, destinada a prohibir la producción en Laboratorios Ramallo, fue firmada recién el 10 de febrero de 2025, 38 días después de haber sido elevada para su aprobación. La otra, que buscaba impedir la comercialización de productos de HLB Pharma, nunca llegó a firmarse.
La normativa vigente establecía un plazo de dos días para expedirse sobre este tipo de medidas. Para la Fiscalía, esas demoras forman parte de la secuencia que permitió que los laboratorios continuaran funcionando hasta que el fentanilo contaminado fue producido y distribuido.
Bisio, en cambio, sostiene que la responsabilidad técnica y operativa estaba en manos del INAME y que Mantecón Fumadó debía tomar las decisiones correspondientes.
La reunión que también aparece en el expediente
La discusión sobre las responsabilidades se cruza con un episodio ocurrido el 14 de enero de 2025, cuando ya estaban elaborados los proyectos de cartas destinados a prohibir la producción en Ramallo y la comercialización de productos de HLB Pharma.
Ese día, en la sede de la ANMAT, se reunieron Bisio, Mantecón Fumadó y representantes de las empresas: Ariel García Furfaro, su hermano Diego, Javier Tchukran y María Victoria García.
Según Bisio, la reunión había sido solicitada por Mantecón, quien le planteó que se trataba de personas “complicadas” y que su presencia podía servir para mantener el orden. La ex titular de la ANMAT aseguró que permaneció prácticamente en silencio durante el encuentro y que fue su subordinada quien defendió el trabajo de los inspectores y las irregularidades detectadas.
Mantecón ofreció otra versión. Según su declaración, los empresarios llegaron para cuestionar la posibilidad de una clausura y reclamaron tiempo para presentar documentación con la que pretendían demostrar que habían corregido las observaciones realizadas durante las inspecciones. Ambas funcionarias, según su relato, coincidieron en otorgarles un plazo.
La reunión adquiere relevancia porque ocurrió cuando ya existían medidas concretas para frenar la producción y comercialización de los productos cuestionados.
