Una pericia informática realizada sobre el sistema de la Justicia bonaerense detectó 18 intervenciones sobre una versión paralela del documento antes de que fuera firmado el fallo original.
La denuncia fue presentada por el camarista Raúl Dalto contra María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard, integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N° 3.
El expediente tiene como trasfondo una disputa por terrenos de City Bell y Los Porteños, donde se proyectó el desarrollo inmobiliario Clementina II. La familia Carrizo sostiene que posee las tierras desde hace décadas, mientras que del otro lado aparece Astufa Fiduciaria S.A., cuyo presidente y fiduciario es Juan Sebastián Lorne Stephens.
El conflicto llegó a los fueros Civil y Penal. En la Justicia Civil se hizo lugar a un interdicto de retener la posesión y se ordenó el cese de los actos de turbación denunciados. En paralelo, la causa penal por usurpación llegó a la Cámara Penal platense.
En ese ámbito se dictó una resolución que ordenaba restituir el inmueble y establecía un plazo de 72 horas para concretar el desalojo. Sin embargo, posteriormente el fiscal Patricio Barraza sostuvo que la causa estaba prescripta, ya que el último acto interruptivo había ocurrido el 3 de agosto de 2021 y habían transcurrido los tres años previstos por la ley.
El punto más delicado surgió al analizar informáticamente las actuaciones. La pericia registró, durante la mañana del 11 de mayo de 2026, 18 intervenciones sobre una versión paralela de la resolución antes de que Dalto firmara el documento original.
También se detectaron firmas parciales, retiro de firmas y modificaciones vinculadas con el voto del camarista. Para Dalto, esa secuencia no puede explicarse como un simple error administrativo o tecnológico.
A partir de esos resultados, la denuncia fue ampliada y comenzó a investigarse la posible comisión del delito de prevaricato. La Justicia deberá determinar quién intervino sobre la versión paralela, qué modificaciones se realizaron y si alteraron el sentido del voto de Dalto.
También deberá establecerse qué conocimiento tenían las magistradas sobre la situación procesal de la causa al momento de ordenar la restitución del inmueble.
