En paralelo, tal como anticipó Capital 24, una denuncia penal presentada por el propio magistrado contra dos juezas de su tribunal abrió otra investigación por una supuesta manipulación de fallos y profundizó la crisis en la Cámara Penal.
Por disposición de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, comenzó la etapa preliminar para conformar el Jurado de Enjuiciamiento que deberá resolver la situación de Dalto. El primer paso será el sorteo de los abogados que integrarán el cuerpo.
El acto fue fijado para el próximo miércoles 9 de septiembre, a las 10:00, en la sede de la Vicepresidencia de la Suprema Corte. Allí se sortearán cinco abogados titulares y tres suplentes de la lista de conjueces del Tribunal. Luego se realizará el procedimiento correspondiente para designar a los legisladores que completarán la integración del jury.
El expediente lleva el número 3000-35749-2026 y el avance del proceso es consecuencia de distintas actuaciones tramitadas ante la Subsecretaría de Control Disciplinario. Según fuentes judiciales, sobre Dalto pesan varias denuncias por comportamientos considerados impropios de su función, en su mayoría formuladas por mujeres, que incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y violencia de género.
Pero el jury se activa en medio de una crisis mucho más profunda dentro de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata.
Dalto denunció penalmente a sus compañeras de tribunal, las juezas María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard, a quienes acusó de los delitos de prevaricato y falsificación de documento público. La presentación derivó en una investigación que tramita ante la UFI N° 3 de La Plata.
En ese expediente surgió un elemento que elevó todavía más la tensión: una pericia informática oficial realizada sobre el sistema de la Suprema Corte detectó al menos 18 intervenciones y modificaciones sobre una resolución vinculada con una causa de desalojo.
De acuerdo con la denuncia de Dalto, sus colegas habrían alterado registros y firmas digitales para modificar el sentido de su voto original sin su consentimiento. La maniobra habría derivado en la existencia de una denominada “resolución melliza”, un episodio que terminó de quebrar las relaciones dentro de la Sala I.
Así, mientras avanza el procedimiento disciplinario que podría llevar al enjuiciamiento del camarista, la investigación penal sobre la supuesta manipulación de resoluciones mantiene abierta otra línea de conflicto que involucra a los integrantes del mismo tribunal.
El jury y la causa penal transitan por carriles diferentes, pero exponen una disputa que hace tiempo dejó de ser interna y ahora quedó bajo la lupa de los organismos de control y de la Justicia.
