La deuda familiar crece y el Congreso convierte la emergencia del bolsillo en una pelea de calendario

La morosidad de las familias dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un problema político, pero el Congreso parece decidido a tratarla como trata casi todo: primero cuenta votos, después mide tiempos y recién al final mira la calle. Con millones de hogares endeudados y una porción creciente en mora, oficialismo y oposición discuten cronogramas y sesiones mientras el problema sigue corriendo con intereses.

La comisión de Finanzas de Diputados abrió el debate con una hoja de ruta que prevé reuniones el 8, 16 y 23 de septiembre, con la intención de dictaminar sobre 34 proyectos antes de fin de mes. La oposición denunció una dilación y ratificó una sesión especial para el 9. Varias iniciativas tienen giro a otras comisiones, por lo que Finanzas sola no puede dejarlas listas para el recinto.

Ahí empieza la rosca. La Libertad Avanza intenta administrar los tiempos para evitar que la oposición convierta el endeudamiento familiar en una derrota parlamentaria. Del otro lado, distintos bloques buscan forzar una agenda que el Gobierno preferiría mantener lejos del centro político.

La deuda no espera al Congreso

Detrás existe una economía doméstica menos paciente. La discusión parte de unos seis millones de hogares con deudas impagas y de un universo mucho mayor de personas endeudadas. La oposición atribuye el deterioro al poder adquisitivo y reclama alivio. El oficialismo resiste intervenir sobre tasas, contratos o cobros privados.

Martín Tetaz defendió la expansión del crédito y remarcó que el financiamiento pasó de cerca del 4% al 9% del PBI. Su lectura es que endeudarse no siempre indica crisis: también puede reflejar recuperación del crédito. Osvaldo Giordano calculó que hasta un tercio del costo financiero de un préstamo puede corresponder a impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Más crédito puede ser saludable cuando financia consumo durable, vivienda o inversión y los ingresos permiten devolverlo. El problema cambia cuando una familia toma deuda para sostener gastos corrientes, refinancia saldos o entra en mora porque el salario no alcanza. El crédito deja entonces de anticipar consumo futuro y empieza a cubrir ingresos presentes que faltan.

Las tasas incorporan riesgo, impuestos y costos regulatorios. Pero tampoco puede naturalizarse que millones acumulen deudas mientras el Estado declare que son contratos entre privados. Cuando el fenómeno adquiere escala, deja de ser una suma de decisiones individuales y se vuelve una variable económica y social.

La política eligió rosca. El oficialismo quiere evitar que el tema sea una bandera opositora. La oposición quiere mostrar que el ajuste llegó al límite del bolsillo. En el medio aparecen propuestas para suspender cobros, limitar tasas, revisar impuestos o ampliar controles, algunas razonables y otras capaces de cerrar más el acceso al crédito.

La discusión seria debería separar alivio de demagogia. Proteger a una familia sobreendeudada no exige destruir el mercado financiero, pero defender el crédito tampoco obliga a mirar para otro lado cuando la mora se vuelve masiva.

El Congreso puede discutir hasta Navidad. Los intereses no piden cuarto intermedio. Se capitalizan mes a mes. Y mientras los diputados pelean por quién gana la agenda, hay hogares donde la verdadera sesión especial ocurre frente a una mesa: decidir qué deuda se paga y qué necesidad se posterga.