Diputado platense pidió informes referidos a la habilitación del Autódromo Roberto Mouras

Osaba pidió, concretamente, que el Gobierno bonaerense brinde explicaciones por “deficiencias e irregularidades” en las condiciones de seguridad del Autódromo Roberto Mouras observados por diversos organismos oficiales de inspección.

Al respecto, el presidente del bloque de LLA solicitó al Ejecutivo encabezado por Axel Kicillof los requerimientos vinculados a las condiciones de habilitación, seguridad y fiscalización en las que opera el Autódromo ubicado en el kilómetro 49 de la Ruta Provincial N° 2, en jurisdicción de la capital bonaerense.

En su pedido de informes, Osaba indicó que “es necesario conocer información oficial y actualizada sobre las inspecciones realizadas”.

“El proyecto es para constatar el grado de cumplimiento del marco normativo y asegurar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad en la provincia”, agregó.

A su vez, en el pedido presentado se refiere a las competencias disputadas en el Autódromo Roberto Mouras en diciembre de 2025 y febrero de 2026. En tal sentido, pidió conocer si la entidad organizadora (Automóvil Club La Plata S.A.), la entidad fiscalizadora ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera) que preside Hugo Mazzacane y el predio dieron cumplimiento a las exigencias establecidas por ley.

Cabe destacar que, a instancias de las denuncias presentadas por el excorredor de TC platense Julio Politano, la justicia avanzó en la investigación por defraudación por parte de Mazzacane y su hijo Gastón al frente de la ACTC.

El presidente y su hijo vice fueron acusados de evasión y defraudación por casi 4.000 millones de pesos. La Justicia ordenó embargos sobre bienes, cuentas y vehículos. Esa medida fue dispuesta por la Justicia Federal de La Plata en una causa por evasión impositiva y defraudación al fisco.

La investigación, encabezada por la fiscal federal Laura Roteta y con intervención del juez Alejo Ramos Padilla, apunta a un entramado de sociedades vinculadas a la distribuidora Quilmes Tolosa S.A., propiedad de la familia Mazzacane. Según la acusación, durante años se habrían llevado adelante maniobras como ventas no registradas, desvío de fondos, contabilidad paralela y traspasos de bienes para reducir la carga tributaria y evitar el pago de impuestos.

El procesamiento no solo alcanza a los Mazzacane padre e hijo, sino también a otros empresarios del grupo familiar, entre ellos Juan Manuel Mazzacane. En total, la Justicia avanzó contra cinco implicados y dispuso medidas de embargo sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y 11 cuentas bancarias.

Tras las presentaciones de Politano (quien además cuestionó duramente la pasividad del intendente Julio Alak en el caso, dado su declarada amistad con los Mazzacane) la causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024. A partir de allí, la fiscalía reconstruyó el funcionamiento del grupo económico y llevó adelante allanamientos en domicilios y sedes comerciales, donde se secuestró documentación clave y dinero en efectivo.

Para la Justicia, el esquema habría funcionado durante al menos una década, con un objetivo claro: vaciar patrimonialmente la firma principal para dificultar el cobro de las obligaciones fiscales. El perjuicio estimado al Estado asciende a $3.965.225.508.