Licenciaron al juez que denunció irregularidades en la Cámara Penal de La Plata

El conflicto que sacude a la Cámara Penal de La Plata dejó de ser hace tiempo una disputa judicial por unas tierras de City Bell. Ahora, el expediente plantea un interrogante institucional mucho más profundo: qué ocurre cuando un magistrado denuncia presuntas irregularidades dentro del propio tribunal que integra.

Raúl Dalto, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, denunció a sus colegas María Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard por hechos que, según sus presentaciones, podrían constituir delitos. Ambas magistradas enfrentan pedidos de jury y la investigación penal incorporó una pericia informática sobre el sistema de gestión judicial.

Ese informe registró actividad sobre una resolución paralela durante la mañana del 11 de mayo de 2026. De acuerdo con la denuncia de Dalto, hubo 18 intervenciones sobre ese documento antes de que él firmara la resolución original, además de firmas parciales, retiro de firmas y modificaciones vinculadas con su voto.

El punto central no sería entonces una diferencia de criterio entre jueces, sino la existencia de una resolución “melliza”, distinta de aquella que Dalto estaba elaborando. Los registros informáticos incorporados al expediente constituyen ahora uno de los elementos que deberán ser analizados para determinar qué ocurrió.

El trasfondo es un conflicto por tierras de City Bell y Los Porteños vinculadas con el desarrollo inmobiliario Clementina II, proyectado sobre unas 20 manzanas y 228 lotes. La familia Carrizo sostiene que posee esos terrenos desde hace décadas. En el fuero Civil, la Justicia hizo lugar a un interdicto de retener la posesión contra Juan Sebastián Lorne Stephens y Astufa Fiduciaria S.A., y la Cámara Civil confirmó esa decisión.

En paralelo avanzó una causa penal por usurpación. La Sala I de la Cámara Penal había dispuesto la restitución del inmueble y fijado un plazo de 72 horas para el desalojo. Sin embargo, posteriormente el fiscal Patricio Barraza sostuvo que la acción penal estaba prescripta: el último acto interruptivo databa del 3 de agosto de 2021 y habían transcurrido más de tres años.

Fue en ese contexto que Dalto denunció lo ocurrido dentro de su propia Sala y remitió las actuaciones a la fiscalía penal de turno. Luego amplió sus presentaciones y planteó también la posible comisión del delito de prevaricato.

La figura requiere algo más que una resolución equivocada: debe determinarse si un juez dictó deliberadamente una decisión contraria a la ley. Por eso, la cronología de los hechos, los documentos y la pericia informática resultan claves para establecer responsabilidades.