Javier Milei convirtió Malvinas en una prueba de consistencia para su propio Gobierno. Después de anunciar sanciones contra empresas relacionadas directa o indirectamente con la explotación petrolera en las islas, la promesa empezó a encontrarse con algo bastante menos épico que una cadena nacional: la telaraña del capitalismo financiero global. Y uno de sus hilos conduce hasta Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin, uno de los empresarios más cercanos ideológicamente al Presidente.
La conexión necesita precisión. Mercado Libre no aparece como inversor de Navitas ni de Rockhopper. Son algunos inversores de esas petroleras los que también tienen posiciones en Mercado Libre.
Meitav Investment House posee participación en Navitas Petroleum y además registra acciones de Mercado Libre por más de US$9,7 millones. También aparece Harel, otro importante grupo financiero israelí, entre los accionistas de Navitas con inversiones en la empresa fundada por Galperin.
Hasta ahí, mercado de capitales. El problema comienza cuando se relee lo que prometió el Gobierno.
La Casa Rosada anunció que buscará impedir operaciones en Argentina a compañías involucradas directa o indirectamente con la explotación hidrocarburífera en Malvinas. El canciller Pablo Quirno amplió todavía más el universo al hablar de proveedores petroleros, financieros, aseguradoras y una red estimada en unas 180 empresas.
Cuando la cadena de vínculos empieza a acercarse
Si la reglamentación se concentra en quienes financian, aseguran, abastecen o prestan servicios concretos al proyecto Sea Lion, el criterio puede delimitarse. Pero si "indirectamente" significa cualquier relación accionaria cruzada, Milei acaba de abrir una puerta bastante más grande de lo que probablemente imaginó.
Los grandes fondos internacionales no funcionan como almacenes de barrio. Invierten simultáneamente en energía, tecnología, bancos, comercio electrónico, seguros y centenares de compañías. Seguir cada participación hasta sus últimas consecuencias podría convertir una sanción dirigida contra dos petroleras en una gigantesca genealogía financiera.
Ahí aparece Galperin, aunque no como responsable de explotar petróleo en Malvinas. Aparece como prueba política.
El fundador de Mercado Libre es un aliado emblemático del universo económico libertario y su compañía tiene una presencia decisiva en comercio electrónico y servicios financieros argentinos. Si el decreto termina definiendo vínculos indirectos de manera extremadamente amplia, el Gobierno tendrá que explicar dónde corta la cadena y por qué.
Porque la soberanía suele resultar sencilla cuando el sancionado está lejos. Se vuelve bastante más interesante cuando las conexiones empiezan a aproximarse a los amigos.
Navitas y Rockhopper ya desafiaron públicamente la capacidad argentina de alterar Sea Lion. Milei respondió prometiendo ampliar las sanciones. Ahora falta la parte menos televisiva: escribir una norma jurídicamente sostenible y aplicarla con el mismo criterio para todos.
Ahí se sabrá si la nueva ofensiva por Malvinas construyó una política de Estado o solamente una frase poderosa para una cadena nacional. La soberanía empieza con la bandera. La prueba de verdad llega cuando hay que decidir hasta qué balance empresario está dispuesto a seguirla el Gobierno.
