El problema de la causa ANDIS para Javier Milei es que nunca termina de alejarse de la Casa Rosada. Cuando parecía posible encapsular el escándalo alrededor de Diego Spagnuolo, la Justicia volvió a poner en movimiento una pieza sensible: el juez federal Ariel Lijo rechazó el intento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad de detener la pericia sobre los audios incorporados al expediente que investiga presuntas coimas.
La resolución no prueba que las grabaciones sean auténticas ni acredita las acusaciones que contienen. Justamente para eso está la pericia. Pero políticamente impide algo mucho más importante para el Gobierno: cerrar la discusión sobre ese material antes de conocer qué determina el análisis técnico.
Los especialistas de Gendarmería deberán continuar examinando los archivos para establecer su autenticidad, integridad y posible existencia de ediciones o adulteraciones. La defensa de Spagnuolo había cuestionado el análisis de 58 archivos que, según su planteo, excedían el material originalmente comprendido en la causa. Lijo rechazó esa interpretación y sostuvo que el objeto de la pericia estaba identificado desde el comienzo.
El magistrado agregó un elemento incómodo para la estrategia defensiva: recordó que la representación de Spagnuolo había participado del procedimiento, designado un perito de parte y propuesto puntos de análisis. Dicho en castellano de pasillo tribunalicio: primero discutieron cómo estudiar los audios y después quisieron discutir si esos audios podían estudiarse. La defensa anticipó que apelará.
Un expediente que siempre vuelve a la misma puerta
Para la Casa Rosada, el riesgo no está solamente en Spagnuolo. Está en la trama política que rodeó desde el comienzo al expediente y en las menciones que alcanzaron a Karina Milei y a dirigentes vinculados al círculo de los Menem. Que aparezcan mencionados no significa que la Justicia haya probado responsabilidad penal alguna. Pero explica por qué cada movimiento judicial alrededor de los audios tiene una repercusión que excede largamente al exfuncionario.
Spagnuolo tampoco era un burócrata perdido en un tercer subsuelo del Estado. Había sido designado para conducir un organismo nacional particularmente sensible y formaba parte de la administración libertaria. Por eso la estrategia política más conveniente para el Gobierno siempre fue reducir el episodio a responsabilidades individuales y esperar que la investigación se alejara del núcleo presidencial.
Hasta ahora ocurrió lo contrario.
La pericia puede terminar fortaleciendo la hipótesis de autenticidad, detectar alteraciones o arrojar resultados que obliguen a interpretaciones más complejas. Anticipar cualquiera de esos desenlaces sería reemplazar una investigación judicial por una operación política. Pero intentar detener el estudio tampoco ayuda a clausurar las sospechas.
Ese es el verdadero problema de poder detrás del expediente. Milei construyó buena parte de su identidad pública contra la "casta" y las estructuras tradicionales de intermediación. Una investigación sobre presuntos retornos dentro de un organismo dedicado a discapacidad golpea, por eso, en un punto especialmente delicado de ese relato.
Ahora la discusión vuelve al terreno menos controlable por la comunicación oficial: una pericia técnica.
Lijo decidió que los audios deben hablar antes que los dirigentes. Después vendrán las apelaciones, las interpretaciones y la inevitable batalla política sobre cada resultado.
