El Gobierno terminó de ponerle estructura a una de sus reformas más sensibles en materia de seguridad: reglamentó el Régimen Penal Juvenil que permite judicializar desde los 14 años a adolescentes acusados de delitos contemplados en el Código Penal. Con el Decreto 875/2026, Javier Milei convirtió la discusión política sobre la baja de la edad de imputabilidad en un sistema que ahora deberá funcionar en tribunales, organismos públicos y dispositivos especializados.
La reglamentación lleva las firmas de Milei, el ministro de Justicia, Diego Santilli, y el secretario Juan Bautista Mahiques. El Ministerio de Justicia quedará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la coordinación general.
La reforma no convierte al adolescente en un imputado sometido exactamente a las mismas reglas que un adulto. Establece un régimen diferenciado para jóvenes de entre 14 y 17 años, con condenas, medidas alternativas y posibilidad de privación de libertad cuando corresponda de acuerdo con la ley.
Ese punto importa porque durante años la discusión pública quedó reducida casi exclusivamente a una cifra: la edad. El Gobierno hizo de su reducción una bandera política vinculada con seguridad, responsabilidad individual y reclamo de las víctimas. Ahora empieza una etapa bastante menos sencilla: demostrar que el Estado posee instituciones capaces de aplicar aquello que aprobó.
De bajar la edad a construir un sistema que funcione
Una de las novedades centrales será el supervisor especializado. Cada adolescente podrá quedar bajo seguimiento de un profesional encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas ordenadas judicialmente. Los perfiles requeridos incluyen formación en psicología, trabajo social, educación, pedagogía infanto-juvenil o adicciones.
Justicia creará un registro específico para esos profesionales. Mientras se realiza la convocatoria definitiva habrá una nómina provisoria, con un plazo máximo de 180 días para completar el proceso. La elección del supervisor en cada expediente quedará en manos del juez.
La reglamentación también crea un Comité Interministerial integrado por Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Allí deberán coordinarse criterios de prevención, abordaje, reinserción y aplicación de penas alternativas. Es decir, incluso un Gobierno que hizo del endurecimiento penal una bandera reconoce en la arquitectura del régimen algo elemental: encerrar no alcanza para construir una política juvenil.
También habrá una Mesa Federal para articular con provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La participación de las jurisdicciones será voluntaria y buscará acercar criterios procesales y técnicos en un país donde buena parte de la implementación dependerá de capacidades estatales muy diferentes según el territorio.
El decreto incorpora además garantías para las víctimas, entre ellas asistencia especializada, tutela efectiva y patrocinio jurídico gratuito. Y dispone capacitaciones para jueces, fiscales, defensores y otros operadores judiciales. Los casos deberán comunicarse al Registro Nacional de Reincidencia respetando la reserva establecida para los procesos juveniles.
Para Milei hay una ganancia política evidente. La baja de la edad de imputabilidad conecta con una demanda de sectores que consideran agotado el sistema anterior y reclaman consecuencias penales frente a delitos graves cometidos por menores. El oficialismo puede exhibir que aquella promesa ya dejó de ser discurso. Pero desde ahora también carga con el resultado.
