Por: Valeria Cimas (*)
Pero, sobre todo, puede comenzar a perder aquello que le permite reconocerse como sociedad: la capacidad de formar personas, transmitir saberes, construir vínculos y preparar a las nuevas generaciones para participar activamente del mundo que habitan.
Porque una sociedad sin educación no se vuelve simplemente una sociedad con menos conocimientos. Se vuelve una sociedad con menos herramientas para comprenderse, cuestionarse y transformarse.
Y en ese punto aparece una pregunta que resulta inevitable: ¿qué lugar ocupa quien tiene la responsabilidad de educar?
La respuesta es mucho más profunda de lo que parece.
Cuando hablamos de educadores no hablamos solamente de personas que enseñan contenidos. Hablamos de quienes participan, desde los primeros años, en la construcción de las herramientas con las que una persona podrá comprender el mundo, expresarse, pensar, resolver problemas, relacionarse con otros y desarrollar sus propias posibilidades.
Todos, absolutamente todos, aprendimos algo de alguien.
Aprendimos a leer porque alguien nos enseñó. A escribir. A hacer cálculos. A utilizar una herramienta. A desarrollar una profesión. A investigar. A argumentar. A escuchar. A resolver. Incluso aquello que después nos permitió desempeñarnos en ámbitos que nada tienen que ver con una escuela tuvo, en algún momento, la intervención de alguien que enseñó.
Por eso, pensar la educación como una tarea más dentro de la enorme cantidad de actividades que sostienen una sociedad es desconocer su verdadera dimensión.
Sin educación no hay médicos, arquitectos, programadores, comerciantes, científicos, artistas, técnicos ni profesionales de ninguna clase. Pero tampoco hay ciudadanos con las herramientas necesarias para interpretar críticamente la realidad, tomar decisiones, convivir con otros o construir nuevos conocimientos.
La educación no es simplemente una parte de la sociedad. Es una de las condiciones que permiten que esa sociedad exista, se sostenga, se transforme y avance.
Y, sin embargo, en nuestro país asistimos desde hace tiempo a una preocupante pérdida de valor social de quienes tienen la responsabilidad de educar. La figura del educador aparece muchas veces cuestionada, desautorizada o reducida a una función casi administrativa: dar clases, completar planificaciones, evaluar y cumplir horarios.
Pero educar es mucho más complejo.
Quien trabaja en una institución educativa sabe que, muchas veces, antes de que pueda producirse un aprendizaje, hay que construir las condiciones para que ese aprendizaje sea posible.
Un educador sostiene. Acompaña. Escucha. Detecta cambios que otros quizá no advierten. Anima cuando aparece la frustración. Celebra un pequeño avance. Ayuda a recuperar la confianza después de un error. Media en un conflicto. Ofrece una palabra cuando hace falta. Sostiene límites. Enseña a esperar, a compartir, a argumentar, a equivocarse y volver a intentar.
Pero hay algo que no deberíamos perder de vista: todo esto no reemplaza la tarea de enseñar. La potencia.
Porque un educador no está en la institución educativa para ocupar el lugar de una familia, de un psicólogo, de un trabajador social ni de ningún otro profesional. Está allí para educar. Y justamente por eso necesita reconocimiento, formación, autoridad pedagógica y condiciones que le permitan desarrollar esa tarea.
La mirada psicopedagógica nos recuerda que aprender no es solamente incorporar información: implica procesos cognitivos, emocionales, sociales y subjetivos. La psicología nos ayuda a comprender que nadie aprende de la misma manera ni desde el mismo punto de partida. Y la pedagogía nos plantea una cuestión fundamental: enseñar supone tomar decisiones, diseñar propuestas, crear condiciones y asumir la responsabilidad de que todos puedan aprender.
Por eso, reducir la tarea educativa a “transmitir contenidos” es desconocer la dimensión profesional que existe detrás de cada intervención.
También debemos recuperar una idea que parece sencilla, pero que resulta fundamental: la autoridad no es autoritarismo.
Una sociedad que desvaloriza a sus educadores también debilita su autoridad pedagógica. Y cuando la palabra de quien enseña pierde legitimidad, se vuelve más difícil establecer límites, sostener acuerdos, enseñar a convivir y construir un espacio común para aprender.
Esto no significa que los educadores sean infalibles. No lo son, ni deberían pretender serlo. Como cualquier profesional, pueden equivocarse, revisar sus prácticas y seguir aprendiendo. Precisamente por eso necesitan ser evaluados, acompañados y formados, no descalificados.
Reivindicar al educador tampoco significa idealizarlo.
Significa reconocer la complejidad de su trabajo.
Significa comprender que detrás de cada clase hay conocimiento, planificación, observación, decisiones pedagógicas, responsabilidad y, muchas veces, una enorme cantidad de trabajo que nadie ve.
Y significa entender algo todavía más importante: cuando una sociedad deteriora el lugar de quienes educan, no solamente perjudica a los educadores. Se perjudica a sí misma.
Porque el problema no termina en una escuela con menos reconocimiento. Continúa en las generaciones que reciben una educación más debilitada, en las oportunidades que se pierden, en las desigualdades que se profundizan y en la dificultad creciente para construir ciudadanos capaces de pensar, crear y transformar su realidad.
Tal vez sea momento de dejar de preguntarnos solamente cuánto cuesta educar y empezar a preguntarnos cuánto le cuesta a una sociedad no hacerlo bien.
Porque educar no es una tarea secundaria ni un servicio más dentro de una comunidad.
Es una de las formas en que una sociedad se construye, se sostiene y decide qué quiere ser.
Y cuando quienes tienen la responsabilidad de hacerlo pierden valor social, no pierde solamente el educador.
Pierde la sociedad entera.
(*) Profesora especializada en educación de nivel inicial y maternal.
Psicopedagoga.
