La investigación empezó con un certificado presentado para una menor. Tres meses después, la Justicia allanó un consultorio del centro de La Plata y encontró agendas de turnos, informes vinculados con pacientes, formularios psicológicos, sellos, tarjetas y otra documentación que puede permitir reconstruir la verdadera dimensión del caso.
La investigada es una mujer de 37 años identificada por sus iniciales T.S.R. Según la causa, no contaba con título universitario de licenciada en Psicología ni figuraba en los registros profesionales consultados. A pesar de eso, se promocionaba a través de redes sociales ofreciendo atención a niños, adolescentes y adultos y cobraba entre $20.000 y $30.000 por sesión.
El expediente comenzó el 12 de junio, después de que la madre de una menor presentara ante una institución educativa un certificado atribuido a la mujer. Las dudas sobre ese documento llegaron al Colegio de Psicólogas y Psicólogos y terminaron derivando en una denuncia judicial.
El avance de la pesquisa llevó a dos domicilios: un consultorio de Diagonal 74 entre 20 y 21 y una vivienda de Gonnet. Los procedimientos permitieron secuestrar material que ahora deberá ser revisado para establecer qué tipo de actividad se desarrollaba y durante cuánto tiempo.
En el consultorio fueron encontrados informes vinculados con pacientes, cuadernos, carpetas con anotaciones y dibujos, calendarios de turnos y formularios destinados a informes psicológicos. También se incautaron sellos, tarjetas de presentación y un diploma a nombre de la investigada. En Gonnet se secuestraron una notebook y más documentación. A eso se sumaron dos teléfonos, una libreta y una credencial que la identificaba como psicóloga.
La mujer quedó aprehendida y la investigación tramita ante la UFI N°15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N°1. La información judicial conocida hasta ahora incluye imputaciones por ejercicio ilegal de la Psicología y usurpación de títulos y honores, además de estafa y falsificación de documentación.
Cuántos pacientes y cuántos documentos
La cantidad y variedad del material secuestrado cambia el eje de la causa. La pregunta ya no es solamente si una persona ofrecía sesiones sin contar con la habilitación exigida, sino cuántos pacientes pasaron por ese consultorio y qué alcance tuvieron los certificados e informes que habría producido.
La Ley bonaerense 10.306 establece que el ejercicio de la Psicología requiere título universitario válido y matrícula profesional. También incluye entre las actividades reservadas la elaboración de informes, dictámenes, peritajes y certificaciones.
Eso vuelve especialmente importante el documento que originó el expediente. Un certificado psicológico puede salir del consultorio y ser presentado en una escuela, una obra social, una empresa, una dependencia pública o incorporarse a otro tipo de actuación administrativa o judicial.
Todavía no se conoce cuántos documentos habría emitido la investigada ni cuál fue su recorrido.
Las agendas pueden aportar una primera dimensión de la actividad. La Fiscalía deberá determinar cuántas personas aparecen registradas, con qué frecuencia asistían y cuántas eran menores de edad. Los teléfonos y la computadora también pueden permitir reconstruir turnos, archivos enviados, conversaciones con pacientes y eventuales derivaciones realizadas por terceros.
Ese material contiene, además, información potencialmente sensible de quienes habrían concurrido al consultorio. Informes, dibujos, anotaciones, contactos y archivos vinculados con tratamientos requieren que la investigación preserve la identidad y privacidad de las personas involucradas mientras avanza sobre la prueba.
Otra línea será determinar qué representan exactamente los sellos, el diploma y la credencial encontrados durante los allanamientos. Su secuestro no demuestra por sí mismo que sean falsos. Esa conclusión deberá surgir de las verificaciones documentales y las pericias correspondientes.
La Justicia también deberá establecer cómo se presentaba la mujer frente a cada paciente. La investigación conocida hasta ahora señala que en redes utilizaba referencias a Psicología, adicciones, ansiedad y depresión, mientras parte del material secuestrado hacía mención a psicología social. Tener una formación diferente no habilita automáticamente para realizar actos que la legislación reserva a profesionales matriculados en Psicología.
El caso aparece además mientras el Colegio Distrito XI mantiene campañas contra el intrusismo y el ejercicio ilegal de la profesión, con recomendaciones para verificar matrícula y formación antes de iniciar un tratamiento.
La Justicia deberá determinar ahora si existió ejercicio profesional sin habilitación y qué responsabilidad corresponde en cada hecho. Pero las agendas, las computadoras y los informes abren una segunda dimensión del expediente: cuántas personas pasaron por ese consultorio y hasta dónde llegaron los documentos que allí se habrían producido.
