El conflicto universitario llega a este miércoles con un dato judicial nuevo y una protesta ya convocada en La Plata. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar de inmediato con las normas necesarias para ejecutarla.
El fallo resolvió un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.
Cormick consideró que, después de que el Congreso insistiera con la norma tras el veto presidencial, volver a supeditar su ejecución a partidas específicas funcionaba como una instancia de veto no prevista en la Constitución.
La sentencia es de primera instancia y el Gobierno ya anunció que apelará.
Eso obliga a separar dos cosas: el escenario jurídico cambió, pero la caja de las universidades, por ahora, no.
Hasta el cierre de esta edición no estaba acreditada una transferencia adicional derivada directamente del fallo ni existía un cálculo oficial que permitiera establecer cuánto dinero recibiría específicamente la Universidad Nacional de La Plata. Para la UNLP, la resolución llega además en un momento particular.
La casa de estudios acaba de ratificar el puesto 21 entre las universidades de América Latina y el Caribe y continúa como la segunda mejor posicionada de la Argentina en el ranking regional QS. Este año recibió además 37.799 aspirantes para iniciar alguna de las cerca de 150 carreras que ofrecen sus 17 facultades.
Ese volumen académico convive con una caída pronunciada del financiamiento universitario.
Un informe del IIEP UBA-CONICET estimó que las transferencias del Estado nacional a las universidades representan actualmente alrededor del 0,47% del PBI, frente al 0,73% de 2023. En términos reales, el estudio calcula una reducción cercana al 40% respecto de aquel año.
La posición internacional de la UNLP muestra que ese deterioro presupuestario no se traduce automáticamente en una caída inmediata de sus indicadores académicos.
La pregunta aparece más adelante: cuánto tiempo puede sostenerse una estructura de docentes, investigadores, laboratorios, institutos, becas y proyectos científicos si los recursos pierden peso de manera persistente.
EL FALLO LLEGA JUSTO ANTES DE LAS ANTORCHAS
La resolución judicial no desactivó la protesta convocada para hoy. ADULP, ATULP y la Federación Universitaria de La Plata concentrarán a las 17 frente a la Presidencia de la UNLP, en 7 entre 47 y 48, para realizar una marcha de antorchas.
Docentes, nodocentes y estudiantes volverán así a ocupar una misma columna con reclamos por salarios, presupuesto, becas, ciencia, tecnología y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La convocatoria llega después del paro docente de 72 horas realizado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, coincide con un paro sin concurrencia de los trabajadores nodocentes y queda a ocho días de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15.
ADULP calcula que todavía se necesita una recomposición salarial del 33,4% para recuperar poder adquisitivo perdido.
Pero la ley cuya aplicación ordenó ahora la Justicia va bastante más allá de los salarios: alcanza también el funcionamiento universitario, infraestructura, tecnología, investigación, extensión y políticas destinadas a sostener el ingreso y permanencia de los estudiantes. En La Plata, la discusión excede las aulas.
La UNLP sostiene institutos científicos, hospitales universitarios, proyectos tecnológicos y programas de extensión que tienen impacto directo sobre La Plata, Berisso y Ensenada.
Por eso, cuando docentes, nodocentes y estudiantes vuelven a marchar juntos, la discusión deja de quedar encerrada en una paritaria. Pasa a ser qué capacidad tendrá la Universidad para sostener todo ese sistema.
QUÉ FINANCIA LA LEY 27.795
La Ley de Financiamiento Universitario obliga al Estado nacional a garantizar recursos para salarios docentes y nodocentes, funcionamiento de las universidades, infraestructura, tecnología, investigación, extensión y políticas estudiantiles.
La norma fue sancionada en 2025 y el Congreso insistió con su aprobación después del veto presidencial.
El Decreto 759/2025 la promulgó, pero incorporó una cláusula que condicionó su ejecución a la existencia de recursos presupuestarios específicos.
Ese es el tramo que el juez Martín Cormick declaró ahora inconstitucional en primera instancia y cuya aplicación inmediata ordenó al Poder Ejecutivo.
Para la UNLP, el fallo cambia el escenario jurídico, pero todavía falta saber cuánto modificará efectivamente el presupuesto.
El Gobierno prepara la apelación y la sentencia deberá continuar su recorrido judicial. Al mismo tiempo, para que la decisión se traduzca en dinero concreto habrá que conocer partidas y transferencias efectivamente acreditadas.
Mientras eso se define, docentes, nodocentes y estudiantes salen hoy a la calle.
La pregunta ya no es solamente si la ley está vigente.
Es cuándo empezará a verse en salarios, becas, laboratorios, aulas y funcionamiento cotidiano de la UNLP.
