
Pese a las irregularidades previas, el Gobierno extendió la concesión de los aeropuertos a Eurnekian hasta 2049

Pese a las graves irregularidades halladas por la Auditoría General de la Nación en un contrato de 2020, el Gobierno finalmente acordó extender la concesión del servicio aeroportuario en 35 terminales del país al holding del empresario Eduardo Eurnekian.
La concesión original se prorroga hasta 2049, con posibilidad de una nueva extensión hasta 2056, con la promesa de que la concesionaria realizará inversiones por unos u$s 600 millones.
El proceso de negociación entre el gobierno nacional y Aeropuertos Argentina se dio en un escenario marcado por el informe publicado el 30 de junio de 2025 por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que cuestionó la prórroga vigente tras señalar fallas graves en la extensión del contrato de 2028 a 2038, firmada durante el gobierno de Alberto Fernández con la excusa de la pandemia de Covid-19.
La AGN determinó que la prórroga de 2020 no cumplió con los estándares del marco regulatorio: no se respetaron los pasos que impone la ley, no intervinieron los organismos idóneos y no se presentó toda la documentación. También señaló falta de claridad en el plan de obras exigido.
También el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) quedó bajo la lupa por un acta secreta firmada en septiembre de 2025 entre el entonces presidente del organismo, Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian, que allanó el camino para extender la concesión de 2038 a 2066.
La detención de Leal por una causa de corrupción precipitó los hechos y dejó en suspenso el proceso. La AGN remarcó que, aunque el servicio se afectó en el primer año de pandemia, ya en la segunda mitad de 2021 mostraba signos claros de recuperación, pese a lo cual la extensión otorgada fue de 10 años.
A lo largo de más de 60 páginas, la AGN detectó la falta de un procedimiento específico que garantizara un circuito administrativo prolijo. El organismo utilizó de forma genérica la Ley de Procedimientos Administrativos, sin un dictamen jurídico propio sobre la prórroga.
La acumulación de pruebas de irregularidades hacía peligrar la extensión la concesión del servicio aeroportuario en 35 aeropuertos de todo el país pero, finalmente, a través
de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió ignorarlas y darle luz verde.


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