El reclamo de familias que sostienen haber comprado terrenos en Villa Alba volvió a terminar con intervención policial. En el predio de 118 y 604, la disputa tiene un punto pendiente: establecer quién ofreció las parcelas, en qué condiciones cobró y qué documentación entregó a los compradores.
Según la cobertura del episodio publicada por El Día, hubo intervención de Infantería y un joven de 18 años fue aprehendido. La versión policial reproducida por ese medio describe barricadas, lanzamiento de piedras y uso de munición disuasiva. Las familias, por su parte, sostienen que pagaron por los lotes que reclaman. Esas afirmaciones todavía requieren una comprobación independiente.
La explicación del conflicto no se agota en lo ocurrido durante el operativo. Si hubo pagos por terrenos, también importa reconstruir la oferta que los precedió: quién se presentó como vendedor, qué prometió sobre la entrega y qué respaldo tenía para concretarla. Los contratos y comprobantes permitirían identificar esa operación y sus participantes.
Por ahora, no se cuenta aquí con documentación que permita establecer la titularidad del predio, las condiciones de las supuestas ventas ni el destino del dinero. Tampoco está acreditada una conexión con otros expedientes por loteos en La Plata. El reclamo de las familias merece ser esclarecido sin convertir una denuncia de engaño en una estafa ya probada.
La discusión encuentra un antecedente concreto en la política urbana local. En abril de 2025, La Plata sancionó la Ordenanza 12.638, que estableció un programa para tratar determinados loteos y proyectos desarrollados entre diciembre de 2013 y octubre de 2024.
La norma distingue las subdivisiones o ventas clandestinas sin autorización de los proyectos que obtuvieron permisos parciales, pero no completaron los requisitos. Esa diferencia permite examinar cada emprendimiento según su situación, en lugar de considerar equivalentes todos los conflictos por terrenos.
Las responsabilidades detrás de la venta
El régimen municipal también contempla responsabilidades de quienes impulsan o intervienen en un proyecto en infracción. Incluye, según el caso, al propietario que lo consintió, desarrolladores, profesionales, inmobiliarias y otros intermediarios. La revisión alcanza así a quienes participan del negocio del suelo.
El programa tampoco supone una regularización automática. Considera la ubicación, los antecedentes administrativos y la ocupación existente, además de restricciones por riesgo de inundación. Hay proyectos que, bajo las condiciones fijadas por la ordenanza, no pueden continuar.
Para los compradores, esas diferencias se traducen en cuestiones concretas: qué posibilidad tienen de construir, qué servicios podrán recibir y qué trámites faltan. La oferta de un lote y el estado real del emprendimiento deben poder compararse. Allí se juega buena parte de la información necesaria para decidir una compra.
En Villa Alba, el primer paso es conocer qué se ofreció a quienes hoy reclaman. No está determinado si las operaciones invocadas tenían por objeto parcelas aprobadas, derechos sobre un inmueble u otra modalidad. Presentarlas como una compraventa regular o como una maniobra delictiva, sin esos documentos, anticiparía una conclusión.
La intervención policial necesita su propia reconstrucción: el motivo del procedimiento, las instrucciones recibidas y lo registrado en las actas. Es una dimensión distinta de la investigación sobre las ventas. Lo sucedido durante los incidentes no resuelve quién tenía derecho a comercializar los terrenos ni qué pasó con los pagos denunciados.
El punto pendiente es concreto. Las familias aseguran que entregaron dinero y reclaman acceso a los lotes. Esclarecer quién cobró, qué comprometió y con qué respaldo permitiría avanzar sobre el origen de la disputa. Para quienes esperan una respuesta por ese dinero, el conflicto continúa después de que termina el operativo.
