El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, habría dispuesto una multa diaria de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por incumplir la cautelar de financiamiento universitario. La decisión, conocida este miércoles 14 de octubre, se vincula con las obligaciones de recomposición salarial y becas reclamadas por el sistema universitario.
La medida busca exigir que el Gobierno ejecute la orden judicial. Estas sanciones económicas, denominadas astreintes, funcionan como un mecanismo de presión para obtener el cumplimiento. No representan una transferencia presupuestaria a la Universidad Nacional de La Plata ni un aumento ya liquidado a sus trabajadores.
El reclamo que alcanza a la UNLP comprende los salarios docentes y nodocentes y los recursos destinados a becas estudiantiles. La Universidad explicó ese alcance en una publicación institucional de su secretaria de Relaciones Institucionales, Sandra Paris, referida a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
Allí señaló que la norma establece la actualización salarial mediante negociación paritaria, con incrementos vinculados a la inflación, y contempla la recomposición de las becas y la ampliación progresiva de su cobertura. Ese es el contenido económico que la comunidad universitaria reclama llevar a la práctica.
Los salarios y las becas pendientes
Para los trabajadores de la UNLP, el cumplimiento se reflejará en las escalas salariales y en los recibos de haberes. La sanción judicial, por sí misma, no permite determinar cuánto correspondería cobrar a cada docente o nodocente ni cuándo se liquidarían las diferencias.
La pérdida salarial forma parte de los reclamos que la Universidad sostiene junto con otras instituciones nacionales. En mayo, la UNLP difundió una declaración conjunta que calculaba un deterioro del poder adquisitivo de alrededor del 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Se trata de un antecedente de aquel período, no de una estimación actualizada a octubre.
En el caso de los estudiantes, la discusión sobre las becas está ligada a los gastos necesarios para sostener una carrera: viajar hasta la facultad, alimentarse, comprar materiales y, para quienes llegan desde otras ciudades, pagar alojamiento. La actualización de esas ayudas requiere conocer los montos y programas comprendidos, además de las fechas de pago.
El alcance económico sobre la comunidad platense dependerá de esas decisiones. Todavía no hay información corroborada que permita atribuir a la sanción nuevos pagos a trabajadores o becarios de la UNLP.
La próxima actividad anunciada es la movilización del jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación. La convocatoria difundida por la Universidad fija el encuentro desde las 13.30 y mantiene como demanda central la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
