Crisis del PAMI: qué reclaman las clínicas y cuánto pesa el sector privado en la salud argentina

La suspensión de servicios anunciada por clínicas y sanatorios para los afiliados de PAMI los próximos 21 y 22 de octubre se inscribe en un conflicto que ya tuvo episodios en distintas regiones del país. Las entidades convocantes sostienen que la falta de respuestas, el atraso de los valores y las condiciones de contratación comprometen tanto la atención de los jubilados como la continuidad de los prestadores.

A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada a afiliados de PAMI. Según la gacetilla difundida por las cámaras, la medida afectó a casi 300.000 jubilados y pensionados e incluyó consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y emergencias. Durante esa misma semana, más de un centenar de instituciones del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza interrumpieron durante 48 horas los servicios programados. Las entidades también señalan que oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos mantienen restricciones similares.

Para la nueva medida, CAPRESS, Salud Federal y Clínicas de la Patagonia plantean cuatro reclamos: un modelo de atención que contemple las necesidades de los jubilados; una actualización de valores acorde con la evolución de los costos; la regularización de los pagos y el fortalecimiento de las contrataciones con prestadores privados.

El sector cuestiona, además, que PAMI derive contratos a hospitales públicos. Según las cámaras, esas asignaciones de cápitas pueden sobrecargar instituciones que ya enfrentan dificultades para atender la demanda.

Las entidades afirman que los prestadores privados representan aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación —más de 1.600 instituciones— y el 56% de las camas disponibles, más de 120.000 en total. La imagen que acompaña la convocatoria sostiene, además, que el sector privado cuida la salud del 70% de la población; se trata de una cifra difundida por las propias entidades.

Con casi seis millones de afiliados en todo el país, PAMI tiene una red de atención de gran alcance. Las cámaras advierten que, si no hay una respuesta, el deterioro de las condiciones de prestación puede afectar a los afiliados, a los trabajadores de clínicas y sanatorios y al sistema de salud en su conjunto.