Un nuevo capítulo de tensión política e institucional se abrió en torno al sistema de inteligencia argentino. Fernando Pocino presentó una acción de hábeas corpus preventivo ante la Justicia Federal y solicitó que se investigue si existieron tareas de vigilancia, seguimiento o inteligencia sobre su persona.
La presentación judicial tiene como punto de partida una comunicación atribuida al diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, dirigida a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Según se desprende del escrito, en esa comunicación se habría mencionado a Pocino en el marco de un supuesto contacto telefónico relacionado con información comprometedora sobre el legislador y su familia, cuya eventual difusión habría sido objeto de una propuesta de intermediación.
Pocino sostiene que desconoce la autenticidad, el contenido y el alcance de los elementos mencionados, así como cualquier vinculación que se pretenda establecer entre su persona y una supuesta operación de inteligencia.
Sin embargo, considera que la inclusión de su nombre en una presentación institucional que solicita la intervención de organismos de inteligencia constituye un motivo suficiente para requerir la actuación urgente de la Justicia.
UN PEDIDO DIRECTO A LA SIDE
Uno de los puntos centrales del hábeas corpus es el requerimiento de informes a la SIDE para determinar si recibió la comunicación atribuida a Pareja y, fundamentalmente, si a partir de ella abrió actuaciones, elaboró informes o dispuso tareas de inteligencia sobre Pocino.
El escrito solicita que se informe expresamente si existieron tareas de vigilancia, seguimiento, geolocalización, interceptación de comunicaciones o recopilación de información personal.
También reclama conocer si hubo instrucciones dirigidas a otros organismos del sistema de inteligencia o a fuerzas de seguridad.
PAREJA, BAJO LA LUPA JUDICIAL
La presentación también solicita que Sebastián Pareja informe si reconoce la autoría de la comunicación, cuáles fueron los antecedentes que motivaron la inclusión del nombre de Pocino y si recibió respuestas de los organismos de inteligencia.
Además, pide la citación del contador Alberto Revah, secretario administrativo de la Comisión Bicameral, para que aporte información sobre el registro, circulación y tratamiento institucional de la presentación.
UNA CAUSA QUE ABRE INTERROGANTES
El planteo judicial no constituye una denuncia penal que dé por probadas actividades ilegales ni acredita que la SIDE haya realizado tareas de vigilancia sobre Pocino. Precisamente, busca que la Justicia determine si esas actividades existieron y, en caso afirmativo, bajo qué fundamentos se habrían desarrollado.
Entre las medidas solicitadas también figuran la preservación de documentación y comunicaciones, y el cese inmediato de cualquier eventual tarea de vigilancia o seguimiento que carezca de sustento legal.
La presentación vuelve a poner en el centro de la escena el funcionamiento de los organismos de inteligencia, los límites de sus atribuciones y el control institucional sobre sus actividades.
Ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió, qué intervención tuvo la SIDE y cuál fue el alcance real de la comunicación atribuida a Sebastián Pareja.
