La jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 18 de La Plata, María Verónica Leglise, dictó una extensa sentencia en donde aplica una suma de 1.500.000 pesos en punitivos al Banco Provincia de Buenos Aires por no aplicar las medidas de seguridad necesarias para resguardar el dinero de sus clientes.
18 de diciembre de 2023
Leglise también declaró la nulidad del crédito tomado por los ciberdelincuentes por $ 604.000 y ordenó la devolución de un adelanto de haberes tomado sobre las cuentas de la víctima, una docente que a la tarde maneja un taxi.
En cuestión de minutos, los delincuentes ingresaron a sus cuentas y realizaron 21 transferencias a destinos tales como Córdoba, lugares en donde la víctima nunca había operado, sin que el Banco emitiera ninguna alerta como operaciones sospechosas.
La jueza afirmó en la sentencia: “...el perito pudo determinar que surgen transacciones en las que se involucran montos importantes, las cuales no recibieron el tratamiento que correspondía por su carácter de sospechosas o potencialmente fraudulentas”.
Además, Leglise agregó que “frente a ello la entidad tiene un deber de seguridad para que sus operaciones sean confiables, seguras, inviolables, confidenciales, es decir, protejan y resguarden la seguridad de las personas humanas”.
“Esa seguridad debe ser brindada por el banco, ya que es quien diseña, ofrece y controla la plataforma informática que operan sus clientes, así como debe asegurarse que no existan situaciones de hackeos o defraudaciones o de vulnerabilidad de sus clientes…”, agregó la máxima responsable del Juzgado Civil y Comercial Nro. 18 de nuestra ciudad.
En otro orden, la jueza subrayó el hecho de que al iniciar el proceso, interrogó a las autoridades del Banco Provincia sobre qué medidas de seguridad tomaba la entidad y solo respondieron culpando a la víctima.
Al imponer un millón y medio de pesos por daños de punitivos para que el Banco modifique su conducta, Leglise subrayó el maltrato que sufrió la víctima por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires: "En efecto, se observa un trato degradante de la entidad demandada hacia la consumidora, ya que en lugar de activar los mecanismos de seguridad en forma inmediata a la denuncia realizada por la actora o colaborar en la solución de los problemas que le planteaba ante la defraudación, se limitó a responsabilizar a la clienta de la situación sufrida, y continuó realizando los débitos de cuotas de los créditos denunciados, asegurando su propio interés financiero en detrimento del patrimonio de la actora...".
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