La fiscalía de La Plata alega en el juicio por crímenes de lesa humanidad en las brigadas de investigaciones

 

Finalmente va llegando a una instancia decisiva el histórico juicio que se ventila en los tribunales federales de La Plata. El fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los debates orales por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad, iniciaron el 12 de diciembre pasado y continuaron esta semana el alegato. En este juicio se juzgan los delitos cometidos contra 605 víctimas en cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en las sedes de brigadas policiales de investigaciones de Banfield, Quilmes -ambos lugares conocidos como “Pozos” en la jerga represiva-, Lanús -“El infierno”- y San Justo antes y durante la última dictadura cívico militar.

El alegato del Ministerio Público Fiscal demandará varias audiencias. La semana pasada comenzó con una caracterización de las víctimas, de los victimarios y del contexto histórico, e inició el análisis y exposición de las pruebas de los primeros 45 de los 605 casos, que el martes continuó hasta llegar hasta el 153. 

En tribunales, aguardan que el alegato fiscal concluya en febrero, tras retomar la actividad luego del receso por la feria judicial.

La fiscalía que viene pronunciando su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°1 de nuestra ciudad ha presentado el balance de más de tres años de juicio oral y público, que comenzó el 27 de octubre de 2020 con 18 acusados y que luego sumó otros tramos de investigaciones que estaban en la etapa de instrucción. El juicio debió contar con 39 acusados, pero en la actualidad tiene con 12: 7 exmilitares, 4 expolicías y 1 civil.

 

Acusados sin condena

 

"Tan sólo el 31% de los imputados originales está hoy siendo juzgado. 26 acusados fallecieron sin ser condenados en este juicio mientras que un imputado quedó fuera del juicio por incapacidad sobreviniente. Del total de imputados fallecidos, 17 no llegaron a instancias de juicio oral debido a que fallecieron en el transcurso del trámite de la causa judicial, 1 imputado falleció luego de haberse realizado la audiencia preliminar del juicio y 7 fallecieron durante el debate", consignó el fiscal Gonzalo Miranda.

De las 605 víctimas de este juicio, 373 sobrevivieron, 189 se encuentran desaparecidas y 31 fueron asesinadas. Entre estas últimas, 30 estuvieron desaparecidas y sus cuerpos fueron recuperados con posterioridad, según se desprende del sitio oficial Fiscales.gob.ar

 

Uno por uno

 

En el banquillo de los acusados hoy se encuentran el exjefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci; el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones Zona Metropolitana de la Policía bonaerense, Juan Miguel Wolk; el segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones, Enrique Augusto Barre; el entonces médico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Antonio Bergés; el exoficial inspector de las brigadas de Investigaciones de Banfield y de Lanús, Luis Horacio Castillo; y los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, que era la unidad de inteligencia que articulaba con las subzonas militares con sede en La Plata y en La Tablada, jurisdicciones castrenses de las cuales dependían los centros clandestinos: el jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; el jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; el jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; y el entonces capitán Carlos Gustavo Fontana.

El fiscal Miranda sostuvo en su exposición que "los hechos de esta causa son singulares; no estamos frente a episodios comunes dentro de la normalidad del sistema, sino frente a crímenes contra la humanidad, imprescriptibles e inderogables. Este proceso penal involucra crímenes de Estado, el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada". 

Miranda subrayó que "lo acontecido, por su dimensión, ingresa en la categoría de terrorismo de Estado" y, en tal sentido, refirió que en el juicio quedó acreditado que "la decisión de quienes adquirían la condición de 'enemigos' respondió únicamente al arbitrio de los integrantes de los grupos que desplegaron las acciones criminales dictatoriales, independientemente de que las personas perseguidas se percibieran a sí mismas como 'subversivas' o, incluso, como opositoras al régimen".

 

 

“Persecución y exterminio de personas”

 

La auxiliar fiscal Oberlin luego detalló a las víctimas: "Quienes sufrieron la violencia estatal fueron personas que militaban en organizaciones políticas, estudiantiles -secundarias o universitarias-, sociales, barriales o gremiales. Un grupo importante eran trabajadores de diferentes fábricas o empresas cuya militancia estaba centrada en mejorar las condiciones laborales. También fueron secuestrados algunos integrantes de grupos empresarios. A estos se sumaron niños y niñas, hijos e hijas de personas consideradas enemigas por el terrorismo de Estado. Varios de esos niños y niñas fueron privados ilegalmente de su libertad, sometidos a tormentos y abusos, y otros y otras apropiadas y privadas de su identidad. De este último grupo, recuperaron su identidad una parte, aunque otros y otras aún no fueron localizadas, pese a que pasaron más de 47 años".

La fiscalía consideró que los hechos traídos a juicio que ocurrieron antes y durante la dictadura "integran una sistematicidad insertada en la misma metodología de persecución y exterminio de personas" y constituyen crímenes de lesa humanidad.

Oberlin añadió que "a estas personas se suman un grupo de mujeres trans, quienes por sus identidades de género sufrieron la intensificación de la violencia estatal que vivían previamente", cuyos casos fueron incorporados por la fiscalía en pleno debate en ampliaciones a la acusación original.

"Del total de 605 personas victimizadas, el 63,5% eran varones; casi el 35 % eran mujeres cis y el 1,5% mujeres trans", y puso de relieve "el particular ensañamiento sobre ellas, sobre quienes se aplicaron violencias diferenciales", expresó Oberlin al tiempo que precisó que hubo 373 personas sobrevivientes, 189 se encuentran desaparecidas y 31 fueron asesinadas. Indicó que, entre estas últimas, 30 estuvieron desaparecidas y sus cuerpos fueron recuperados con posterioridad.

Respecto a la edad de las víctimas, la funcionaria judicial sostuvo que "un 53% de los casos de este juicio tenían entre 18 y 29; y un 23% tenían menos de 40. Un 8% eran niños y niñas y un 11% tenían más de 40".

La amplitud temporal de los casos abordados tiene sus extremos en noviembre de 1974 y marzo de 1979, y en ese sentido, Oberlin afirmó que "durante los años 1976 y 1977 la violencia estatal se agudizó", pues en ese periodo se registraron más del 74% de los casos.

En su presentación, Oberlin destacó la extensión de la victimización, dado que "en un 58% de los casos se comprobó la presencia de otras personas allegadas al momento del secuestro" de las 605 víctimas, la mayoría niños y niñas, y "solo en un 9% se probó que no había otras personas".