El ex juez de la Casación Penal está imputado por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. El juez de Garantías de La Plata hizo lugar al pedido de debate oral de la fiscal del caso, Betina Lacki.
Región 28 de febrero de 2024
El juez de Garantías de La Plata, Federico Guillermo Atencio, elevó ayer a juicio oral y público la causa seguida al ex juez de la sala V de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Martín Ordoqui, quien se encuentra procesado bajo prisión preventiva en el marco de la causa que lo investiga como presunto autor de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y tráfico de influencias.
En su dictamen, el juez Atencio hizo lugar al requerimiento de la fiscal del caso, Betina Lacki. Ordoqui había sido procesado y detenido el 4 de septiembre de 2022, luego de que un jury de enjuiciamiento lo destituyera por mal desempeño de sus funciones.
El caso de Ordoqui viene produciendo un gran impacto a nivel político y judicial. Se trata de la primera vez en la historia de la provincia que se removió a un magistrado de alto rango por juicio político.
En la resolución del jury, el jurado de enjuiciamiento dispuso sobre Ordoqui la destitución e inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial. El jurado se conformó según lo dispuesto por la Constitución provincial y por la Ley 13.661, que reglamenta ese procedimiento.
El jury fue encabezado por la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, e integrado además por los legisladores María Eugenia Brizzi, Abigail Gómez, Daniel Lipovetzky, Nidia Alicia Moirano, Gabriela Demaría, y los abogados Juan Emilio Spinelli, Fulvio Santarelli, Ricardo Fabris, Hugo Galderisi y Diego Isabella.
Ordoqui está imputado por liderar una asociación ilícita que tenía como objetivo suministrar información sobre el recorrido procesal de ciertas causas y mejorar situaciones procesales de personas sometidas a procesos penales.
En la causa instruida por la fiscal Lacki se acreditó que el ex juez Ordoqui prestaba ese “servicio” de forma sistemática, con un modus operandi que se repetía. También se estableció que el ex magistrado obtenía y pedía dádivas y coimas a cambio de morigerar la situación procesal de ciertos presos.
La investigación se inició cuando el juez de Garantías de Cañuelas (también del Departamento Judicial La Plata), Martín Rizzo, descubrió una serie de irregularidades en el marco de una causa que se instruía allí por una serie de usurpaciones. El juez Rizzo había identificado escuchas telefónicas que involucraban a Ordoqui y a una empleada de la Sala V del Tribunal de Casación, llamada María Eugenia Mercado.
En esas escuchas telefónicas, la abogada Lidia Perna les decía a distintas personas que tenía vinculaciones con gente del Poder Judicial y que las utilizaría para favorecer la situación procesal del detenido Ariel Heine. Allí también surgía que podía “asegurar” lo que pasaría en Casación al momento de tratarse el planteo de una morigeración a la prisión preventiva de Heine.
La fiscalía constató que Perna mantenía contacto con Ordoqui y Mercado para obtener datos internos sobre el expediente del imputado que ella buscaba beneficiar. Para la fiscal Lacki está probado que el ex juez Ordoqui le había solicitado a Perna “ciertas retribuciones” por las “gestiones realizadas”.
El otro caso en el que está sindicado Ordoqui, con un modus operandi idéntico al de la causa Heine, es la “Causa Ronco”. La fiscal Lacki estableció que el magistrado usó su posición institucional para hacer valer su influencia con el fin de lograr beneficios procesales para Javier Ronco.
Se trata de un ex policía que fue condenado por doble homicidio. Ronco había sido imputado por homicidio agravado en la causa que investigaba el asesinato de Juan Farías.
Farías formaba parte de una banda que había cometido delitos contra la propiedad, integrada también por policías que liberaban zonas y contaban con la protección del ex juez de Garantías, César Melazo, quien fuera condenado el año pasado por liderar una asociación ilícita para delinquir.
En ese expediente, Ordoqui está imputado por el delito de tráfico de influencias, en relación con miembros de esa banda criminal.
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