Los “Chocolates” de la UCR-PRO pidieron declarar y los empleados “ñoquis” pegaron el faltazo

Como en un intrincado tablero de ajedrez, cada protagonista se mueve con cautela. Lo que sorprende es cómo los “peones” permanecen quietos aguardando la suerte de “reyes y reinas”. El eje “Senado” de la causa penal que investiga la fiscal de La Plata, Betina Lacki, tuvo un nuevo cimbronazo. Absolutamente todos los titulares de las tarjetas de débito, es decir, los contratados en el Senado bonaerense y que no concurrían nunca a trabajar mientras “otros” le cobraban sus haberes a cambio de obra social y jubilación, faltaron a las audiencias testimoniales donde habían sido citados a prestar declaración. 

La fiscal Lacki, día a día, desde el lunes pasado los esperó en vano. Al parecer, la estrategia de los empleados “ñoquis” es llamarse a silencio mientras observan desde sus escondrijos procesales cómo sigue la situación de quienes aparecen más complicados en la investigación judicial. 

Precisamente, los dos que están apuntados como cobrando los sueldos, en cajeros automáticos del Banco Provincia, de todos esos empleados fantasma, son los denominados “Chocolates” del Senado bonaerense, Hugo Muguerza y su pareja Josefina Ortellado. La defensa de esta pareja vinculada a la UCR-Cambiemos de la Cámara Alta, pidió el viernes presentarse a declarar en forma “espontánea”. 

Cabe aclarar que la “espontánea” es una posibilidad que admite el código procesal antes de que se decrete una orden de detención en su contra. Y en términos de otras aclaraciones, el mote de “Chocolates” alude a que Muguerza y Ortellado fueron filmados infraganti por las cámaras de seguridad del banco de la misma manera que apareció el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau, también extrayendo dinero de tarjetas de débito que estaban a nombre de otras personas, contratadas en la Cámara de Diputados. 

Con el faltazo de los empleados “ñoquis”, ahora será la fiscal Lacki la que deberá resolver si los imputa en la causa, ya no como simple testigos sino en el nivel de los más comprometidos como el propio “Chocolate” Rigau, el ex concejal de La Plata Facundo Albini y su padre Claudio, los tres vinculados al Frente Renovador, y detenidos bajo prisión preventiva por asociación ilícita por el llamado eje “Diputados” de esta investigación judicial. 

La semana que pasó debían declarar seis de los 39 empleados del Senado a los que la pareja de Muguerza y Ortellado les cobraban sus sueldos. Se trata de Yamila Benzo, Brisa Novillo, Jonatan Villegas, Daniela Ileana Salamanco, Víctor Uribe y Karina Saraqui, los seis titulares de los plásticos. 

La pareja UCR-PRO presentó el viernes, a través de su defensor Javier Marcelo Percow, un escrito ante la fiscal Lacki diciendo que “se ponen a derecho” y solicitan una declaración “espontánea”. El letrado también acompañó en el expediente certificados médicos aduciendo que Muguerza reviste una avanzada enfermedad.

El principal punto que diferencia al eje Senado del eje Diputados en la causa penal que instruye la fiscal Lacki, es que Muguerza, Ortellado y los “ausentes” empleados “prestanombres” no están imputados. Siguen siendo, al menos por ahora, simples testigos. En cambio, por la pista Diputados, “Chocolate” Rigau y los Albini, como ya se mencionó, están con prisión preventiva por asociación ilícita y fraude con 48 tarjetas de la Cámara Baja.

 

Rigau pide morigeración 

 

A seis meses de su detención, Julio “Chocolate” Rigau, tendrá hoy una audiencia de “morigeración” a pedido de su defensa, alegando cuestiones de salud. 

En la audiencia estarán presentes la fiscal Lacki y el juez de Garantías, Federico Guillermo Atencio. Rigau fue detenido el 9 de septiembre pasado cuando extraía dinero de distintos cajeros en la sede del Banco Provincia de 7 y 54, a metros de la Legislatura bonaerense. 

La figura procesal de la morigeración admite en ciertos casos la posibilidad de un arresto domiciliario. 

 

Comparece funcionario de la Legislatura

 

Tal como anticipó Capital 24, la fiscal Lacki citó para esta semana en calidad de testigos a altos funcionarios de la Legislatura. Se trata de Eduardo Vito Resiglione, Director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados. 

La fiscal también citó a distintos empleados que se encuentran dentro de un documento con 402 agentes de la Legislatura en el área de la Secretaría Administrativa, donde estuvieron bajo las órdenes de los imputados Claudio y Facundo Albini. 

En tanto, en el fuero penal de Dolores, la causa que investiga la misma maniobra, pero cometida con extracciones bancarias digitales, la justicia aguarda por el pedido de desafuero de la senadora UCR-PRO, Flavia Delmonte. 

El pedido de desafuero fue impulsado por el fiscal Mario Pérez y validado por el juez de Garantías, David Mancinelli. 

La senadora es defendida en ese expediente por Marcelo Di Leo, un ex diputado de Cambiemos. 

Esa causa comenzó a tramitarse en 2021 pero salió a la luz recientemente con la imputación de Delmonte. También están citados a declarar dos de sus más estrechos colaboradores, sindicados por realizar transferencias de empleados “prestanombres”, todo a través de maniobras digitales, desde la comodidad de sus homebanking.