El Gobierno propuso a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema

El Ejecutivo confirmó que Lijo cubrirá la vacante tras la salida de Elena Highton de Nolasco, mientras que García-Mansilla estará en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 en diciembre.

Política 21 de marzo de 2024
NOTA 1 POLÍTICA

El gobierno de Javier Milei confirmó ayer la postulación del juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante de la Corte Suprema y ocupar así el quinto lugar disponible en el máximo tribunal de Justicia tras la salida de Elena Highton de Nolasco. Además, anunció que nominará a Manuel García-Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años el 29 de diciembre próximo.

Mediante un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Presidente, la administración libertaria notificó que Milei "cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley".

"El Poder Ejecutivo expresa su gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda y resalta su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como Juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años", destacó el comunicado oficial.

Maqueda cumplirá 75 años el 29 de diciembre, llegando de esa manera a la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ser juez. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Senado extienda su continuidad por cinco años más y para eso se requiere la aprobación del Poder Ejecutivo, que con la postulación de García-Mansilla marca que no propondrá a Maqueda si el juez lo pidiera. Sumado a esto, según se entiende, el decreto cuyo contenido aún se desconoce, contemplará la chance de que los trámites de designación puedan iniciar antes de que se haga efectiva la vacante a cubrir.

A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por Highton de Nolasco tras su salida el 1° de noviembre del año 2021, el jefe de Estado resolvió nominar a Lijo. "Ambas nominaciones permitirán restablecer el número de ministros del máximo tribunal de Justicia a cinco miembros", resaltaron desde la administración libertaria.

Asimismo, remarcaron que Lijo actualmente ejerce como Juez Federal de la Nación y “se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal”, mientras que a García-Mansilla lo calificaron como “un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional".

Para el Gobierno, se tratan de “los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.

“Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”, concluye el comunicado. Tras la presentación, los dos candidatos deberán cosechar el respaldo del Senado para desempeñarse como jueces de la Corte. 

El juez federal Ariel Lijo cuenta con un largo historial por la fuerte trascendencia de las causas que investigó, es uno de los “doce” de los tribunales de Comodoro Py que se ha convertido en un referente del fuero. 

Lijo fue designado en 2004, luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem; al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al exjuez Juan José Galeano. 

Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos. ​Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci, el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad. 

Luego le fueron tocando casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso. 

 

Lijo, el hombre de la casa judicial

Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. También investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.

Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado quien trabajó en la  Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py. Por ese motivo, fue objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.

Pero mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse tanto hacia afuera como adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.

El constitucionalista Manuel José García-Mansilla es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García-Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó.

 

Portador de un apellido de prosapia histórica, el “García” de su apellido fue José, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia; el “Mansilla” proviene de Lucio N. Mansilla, héroe de la Batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

En su currículum figura también que es “especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario” y se desparraman post grados, masters y trabajos sobre la Constitución Nacional, la exploración y producción de hidrocarburos, “Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, el “asesoramiento y participación en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos” y “de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial”.

En 2015, avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Rosenkrantz como ministros de la Corte Suprema.

En el pasado reciente, se convirtió desde sus columnas de opinión y análisis en medios de comunicación y portales en un crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en diputados el año pasado. 

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