Los procesados por apremios ilegales son funcionarios públicos. La causa penal fue impulsada por un juez que entrevistó a las víctimas, todas ellas en conflicto con la ley penal. Una fiscal de nuestra ciudad fijó las indagatorias.
Región22 de abril de 2024
Una fiscal penal de La Plata citó a declaración indagatoria en calidad de imputados a siete funcionarios bonaerenses por los delitos de encubrimiento agravado, apremios ilegales, vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las audiencias fueron fijadas por la fiscal Cecilia Corfield para los primeros días de mayo, tras una ardua investigación en la que imputó a Oscar Luis Tacchi, Mariano Ferrari, Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado por vejaciones y apremios ilegales en acto de servicio e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Corfield también sindicó a Laura María Sporetti, Marta Cecilia Casalli y Dante Jesús Martínez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Para la fiscal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de nuestra ciudad, en la causa pudo acreditar que “el 11 de junio de 2023, a las 21:30 en el sector Polideportivo del Centro Cerrado Gregorio Aráoz Alfaro I, sito en Avenida 520 entre 226 y 231 de La Plata, “Oscar Luis Tacchi, quien en ese momento cumplía funciones de Subdirector del organismo, abusando del cargo, les pegó golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo” a nueve internos, todos jóvenes en conflicto con la ley penal.
En el expediente, la fiscal sostuvo que dos horas después de esas agresiones, cerca de las 23:50 de ese día, “previo a su retiro de la institución, el imputado Tacchi ordenó que en presencia del asistente de minoridad Mariano Ferrari, y de los jefes de guardia, Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado, los demás internos rodearan en un pasillo a algunas de las víctimas y que otras sean trasladadas a las piezas, para quitarles sus (pocas) pertenencias y seguir golpeándolos”.
Según Corfield, la elección de los adolescentes por parte de Tacchi “fue como consecuencia del incendio provocado por ellos, con motivo de pretender el traslado a otro lugar de alojamiento en virtud del maltrato recibido”, en la institución que depende del área de Niñez y Minoridad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
La investigación judicial determinó que los ataques y vejámenes fue llevada adelante con “el conocimiento” de otros funcionarios públicos como Laura Mariana Sporetti, Marta Cecilia Casalli y Dante Jesús Martínez, quienes “omitieron denunciar” las vejaciones “pese a tener obligación legal de hacerlo”.
El Aráoz Alfaro tiene alojados a jóvenes de todo el territorio bonaerense con causas penales. Varios de ellos habían denunciado los apremios ilegales padecidos durante el encierro ante un magistrado, responsable de su guarda.
Ese juez, es el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Mercedes, Juan Sebastián Lemos, quien junto a la auxiliar letrada María Soledad Tracchial radicaron la denuncia en el fuero penal de La Plata, con la que finalmente se impulsó la investigación a cargo de la fiscal Corfield.
Entre otros aspectos, la fiscal estableció que luego de una violenta golpiza, los internos no recibieron atención médica. Los encontraron más tarde con “heridas visibles” y “sin ropa” a pesar del intenso frío.
Los investigadores verificaron diversos golpes, varios de ellos en la cabeza. Con temperaturas bajo cero, fueron hallados en ese Centro, solo con una remera y un short.
La causa instruida por Corfield se enmarca en la legislación que regula a los centros de alojamiento de menores imponiendo una serie de normas y condiciones a los fines de resocializarlos.
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