Previo a la inminente Feria Judicial de invierno, en total, 32 titulares de las 48 tarjetas de débito que usaba Julio “Chocolate” Rigau, fueron citados a declarar por la fiscal penal de La Plata, Betina Lacki, quien dio por probado que formaron parte voluntariamente de un saqueo sistemático al Estado para el que son condición necesaria.
Tres de los citados concurrieron ayer al fuero de 7, 56 y 57. Se trata de Diego Berón, María Amanda Albino y Mabel Susana Alvear, los primeros de una lista de imputados que irán compareciendo en sede judicial durante los próximos días.
La fiscal considera que los empleados de la Legislatura prestanombres o ñoquis, a la vez, dueños de las tarjetas, son partícipes necesarios de estafas reiteradas y coautores del delito de asociación ilícita. La pena en expectativa es de hasta diez años de prisión de efectivo cumplimiento.
A criterio de la doctora Lacki, la organización o asociación ilícita está comandada por Claudio Albini -exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense-, y coordinada por su hijo Facundo -exdirector de Control y Gestión en la misma área que su padre-, y por “Chocolate” Rigau, empleado de la misma Cámara.
En su dictamen de imputación y llamado a indagatoria al que Capital 24 tuvo acceso, la fiscal afirmó que los dueños de las tarjetas son empleados truchos de la Cámara de Diputados bonaerense. Se trata de personas que en distintos momentos rubricaron contratos de locación de servicios allí que se renovaban cíclicamente.
En la causa se constató que el salario mensual de los sospechados ascendía a $580.000 más aguinaldo. Ese dato se corresponde a septiembre del año pasado cuando “Chocolate” Rigau fue sorprendido in fraganti extrayendo dinero de las tarjetas en la sede bancaria de 7 y 54. La fiscal comprobó que el dinero de los salarios no los cobraban nunca los titulares de las tarjetas.
Al establecer el modus operandi, la fiscal indicó que tras la firma de los contratos se abrían cuentas bancarias y se emitían tarjetas de débito que pasaban a manos de “Chocolate” Rigau, quien hacía las mencionadas y reiteradas extracciones de dinero en diversos cajeros de La Plata.
Luego de las extracciones, enfatizó la fiscal, Rigau se dirigía a la oficina de Claudio Albini, que dependía de la Secretaría Administrativa de Diputados, para rendirle los millones que recaudaba. Lo hacía “en una mochila negra”. El dato fue verificado en distintos videos filmados con cámaras de seguridad en momentos diferentes y en varios meses.
La investigación judicial pudo arribar a una conclusión sobre el “beneficio” que recibían los empleados ñoquis o prestanombres. Y era que podían acceder a una obra social, IOMA, en su mayoría, y también a los aportes jubilatorios.
Para la fiscal, los imputados accedieron a los beneficios del IOMA y del IPS de manera fraudulenta, “sin haber hecho el mínimo esfuerzo, en desmedro de todos aquellos que día a día ponen el cuerpo para obtenerlo”.
“Formaron parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias sin esfuerzo a costa de la sociedad toda y es bajo esa luz como debe analizarse sus conductas”, suscribió la fiscal.
Lacki encuadró las conductas ilícitas en antecedentes y jurisprudencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Los 32 dueños de tarjetas “se comprometieron mediante la firma de un contrato a prestar servicios a cambio de una remuneración que se extrae de los fondos públicos a los que contribuye toda la sociedad”. La mayor parte iba para los líderes de la organización delictiva, pero los titulares de los plásticos “se beneficiaban con el acceso a IOMA y al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, un sistema solidario”, remarcó la fiscal.
La maniobra que se investiga a partir de 48 tarjetas y legajos laborales de estos empleados truchos tiene fechas extremas amplias: desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el 9 de septiembre de 2023, cuando fue detenido “Chocolate” Rigau en el banco Provincia de 7 y 54.
Lacki aseguró que este “saqueo” lleva más de 20 años, y que es posible por los denominados empleados ñoquis o prestanombres. Para la fiscalía, lo que el Estado gastó por cada dueño de tarjetas durante años en obra social y jubilación por esta maquinaria engendrada en la Legislatura se agrega a la gran estafa hecha de sueldos y aguinaldos.
Berón y Alvear, los primeros “tarjeteros” o dueños de plásticos en ser citados a indagatoria como imputados, se encuentran dentro de un grupo que, tras el fallo de la Cámara Penal, dispuso la libertad de Rigau. Todos ellos vaciaron sus cuentas mediante compras, extracciones o débitos bancarios. Esa maniobra fue considerada por la fiscal como el cumplimiento de una orden para desviar la atención del saqueo histórico del que eran parte y así obstaculizar la investigación judicial.
