
De acuerdo a lo manifestado por los propios vecinos, la situación denunciada en la Comisaría 10ma de City Bell referida al maltrato animal por parte de su máxima autoridad es realmente preocupante.
La entidad profesional se mostró a favor de lo dispuesto por el intendente, medida que regirá por 180 días corridos. Tiene que ver con una serie de Ordenanzas sancionadas durante la gestión de Julio Garro, las cuales deberán ser convalidadas por la autoridad provincial.
Región29 de octubre de 2024El Colegio de Arquitectos de La Plata se mostró a favor del reciente decreto firmado por el intendente Julio Alak mediante el cual suspende por 180 días corridos los procedimientos y actos administrativos que se enmarquen en una serie de ordenanzas sancionadas en los últimos años (específicamente durante la gestión del jefe comunal Julio Garro), hasta tanto no sean convalidadas por la autoridad provincial.
“La convalidación provincial de las normas es una instancia de vital importancia, no solo porque garantiza el ajuste a los objetivos y estipulaciones exigidos en la legislación madre, sino porque su falta impide el progreso de los tramites de subdivisión de la tierra que se tramiten amparados en normativas no debidamente aprobadas, dando lugar a los vulgarmente conocidos como lotes indivisos y los trastornos a nivel dominial que implican”, destacó la entidad.
Al respecto, el Colegio profesional señaló que “están comprendidas en dicho marco tanto las Ordenanzas que modificaron el Código de Ordenamiento Territorial y hacen referencia en su articulado a cambios de zonificación, usos e indicadores para la periferia norte, oeste y sur del casco urbano de la ciudad, como individualmente un importante conjunto de desarrollos inmobiliarios emplazados en dichas áreas del Partido”.
“La circunstancia de falta de convalidación, como así también las variadas inconsistencias de las normas en cuestión –descoordinación entre indicadores, imprecisiones, superposición de restricciones, conflictos con la aplicación del CUF, limitaciones a la edificación en áreas servidas y avances sobre áreas rurales, etc.-, fueron observadas en reiteradas ocasiones por el Colegio y no tomadas en cuenta por las autoridades de turno, ni en la etapa de sanción ni al momento de su aplicación”, cuestionó.
“Por tal motivo es no solo ponderable sino más bien imprescindible el ordenamiento de esta condición normativa”, resaltó el Colegio, aunque manifestó que “preocupa sobremanera la situación de tantísimos colegas que desarrollan tareas rutinarias comunes –construcciones menores, registro de obras- en las zonas afectadas, que fueron forzados oportunamente por la autoridad municipal a operar con ciertas reglas de juego y hoy se ven involuntariamente afectados por la paralización de su trabajo, que de hecho no es solo para los próximos 180 días sino que de algún modo ya era efectiva desde inicios del año, sin responsabilidad alguna sobre los episodios previos y errores ajenos”.
“Para ellos y sus comitentes, interpretamos que el Municipio debería ofrecer precisiones y un camino alternativo para la resolución de un conflicto que no buscaron”, pidió la entidad.
El decreto de Alak
Como se recordará, el 10 de este mes, el intendente Alak dispuso la suspensión de las obras y trámites administrativos de más de 400 barrios que habían sido iniciados durante la gestión Garro, violando la legislación provincial vigente.
La medida se dispuso en cumplimiento de los distintos dictámenes elaborados por la Provincia, que advirtió reiteradamente a la gestión municipal anterior que, mientras las Ordenanzas no sean convalidadas legalmente, sólo podrían aprobarse intervenciones y autorizarse edificaciones dentro del Código de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo vigente (Ordenanza 10.703).
La ejecución de obras sin la debida convalidación provincial, y violando el artículo 83 de la Ley N° 8912 (Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo), conllevaría la tipificación penal del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículo 248 y 249 del Código Penal), ello sin perjuicio de la posible existencia de otros delitos penales, como fraude a la administración pública (entre otros).
Por tal motivo, se decretó la suspensión por 180 días de los procedimientos y los efectos de los actos administrativos dictados en el marco de las Ordenanzas que no se encuentran convalidadas por la autoridad provincial competente, de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial.
De igual modo, quedaron suspendidos por el mismo plazo todos los procedimientos administrativos de proyectos de urbanizaciones que se enmarcan en la Ley N° 14.449.
Irresponsabilidad
De acuerdo a los estudios realizados, los 400 barrios privados tramitados de forma irregular en La Plata duplican irresponsablemente el espacio urbano en la capital bonaerense y, además, están invadiendo la zona hortícola.
Hoy la zona urbana de la ciudad se extiende a 250 kilómetros cuadrados; en esta superficie viven 800 mil vecinos, de los cuales 400 mil carecen de cloacas y 200 mil de agua potable, pavimentación, iluminación y el sistema de transporte es aún deficiente.
Estos 400 barrios conllevarían a la casi duplicación del espacio urbano actual sin que existan recursos suficientes para dotar esta extensión de los servicios urbanos indispensables. Este problema se encuentra agravado por la presencia de 200 barrios de emergencias o villas, y los déficits de infraestructura y equipamientos sociales.
Frente al gravísimo problema que conlleva la irregular autorización de 400 barrios privados, la Municipalidad y el gobierno de la Provincia firmaron en julio último un acuerdo para la elaboración de un nuevo Plan y Código de Zonificación Urbana que será analizado en el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, recientemente creado por la Ordenanza N° 12.583, la cual fue aprobada por unanimidad.
El nuevo COUT
El nuevo COUT se encuentra integrado por cuatro unidades académicas de las universidades (la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica); los Colegios Profesionales de Arquitectura e Ingeniería y el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Partido de La Plata. Todos estos organismos tendrán la responsabilidad de dictaminar el contenido del nuevo Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial.
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