
Sáenz, Jaldo y Jalil respaldan la modernización laboral que impulsa Milei, pero advierten que no votarán un texto que recorte recursos provinciales. Reclaman compensaciones por la pérdida coparticipable y ponen sus votos en negociación en el Senado.


La jueza federal de San Martín Martina Forns dictó una medida cautelar a favor de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que reclamó que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley y termine con el avasallamiento.
Política 20 de noviembre de 2024
La justicia federal de San Martín suspendió la intervención que decretó el gobierno sobre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) y ordenó que provea los fondos para que las clases puedan dictarse con normalidad. Además, después del episodio en el que la Policía Federal Argentina (PFA) impidió el ingreso o el egreso de personas de la institución, llamó a cesar con las vías de hecho. Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo celebraron la resolución. “Ahora sí, exigimos el inmediato cumplimiento y el cese de la intromisión del gobierno nacional”, dijeron en un comunicado.
La UNMa se conformó como tal en octubre de 2023 sobre la base de lo que era el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, creado en 2014. El antecedente de ambas instituciones es la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. El proyecto educativo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo va a cumplir en abril próximo 25 años de existencia.
Entre octubre y el 6 de diciembre del año pasado, se llevó adelante un proceso de normalización –que no estuvo exento de tensiones. Todo empeoró con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). El 1 de marzo, al abrir el período de sesiones legislativas, el presidente Javier Milei hizo foco en la creación de universidades y dijo que se había convertido en un “negocio más de la política”. Se quejó, además, de que “proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales”.
En los últimos once meses, la UNMa no recibió partidas por parte del gobierno nacional. No se pagaron salarios ni se pudieron solventar los gastos de mantenimiento de las sedes. Su rectora Cristina Caamaño contó que les cortaron internet por falta de pago.
De parte del gobierno no hubo solo vaciamiento. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, buscó meterse dentro de la UNMa. El 26 de febrero, dictó la resolución 45/24 a través de la cual se ordenó revisar el proceso de creación y de funcionamiento de la UNMa. Además, dejó sin efecto la resolución del exMinisterio de Educación que había designado a Caamaño como rectora organizadora. El 24 de julio pasado, el Ministerio de Capital Humano designó a otro rector organizador, Eduardo Maurizzio. Con esa decisión, la cartera que conduce Pettovello dejó en claro que desconocía el proceso normalizador que se había llevado adelante el año pasado y a sus autoridades.
En San Martín, la Asociación Madres de Plaza de Mayo –con Carmen Arias a la cabeza–pidió que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 45 del Ministerio de Capital Humano. La presentación fue impulsada también por un grupo de estudiantes internos del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, que se vieron impedidos de estudiar por las disposiciones de la administración de Javier Milei. Forns ordenó el cese inmediato de las vías de hecho, de toda acción tendiente a desconocer el Consejo Superior de la UNMa y de la clausura del establecimiento. Prohibió la presencia de la PFA dentro de la universidad y sostuvo que la cautelar estará vigente por un plazo de seis meses.

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