El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, lideró un megaprocedimiento con múltiples allanamientos en distintos puntos de nuestra ciudad en el marco de la causa que investiga los "sacamultas", una organización criminal destinada a “blanquear” infracciones de tránsito previo pago de coimas. Los procedimientos tuvieron lugar en sedes relacionadas con la VTV.
En el expediente, tal como viene informando Capital 24, uno de los apuntados es el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio. Desde tribunales se indicó que las sedes allanadas pertenecen a una empresa intermediaria de la Verificación Técnica Vehicular, ubicada en el microcentro de nuestra ciudad.
Bajo la orden del fiscal Garganta, los efectivos de la Unidad de Delitos Complejos incautaron documentación vinculada a licitaciones públicas, registros contables y softwares de la compañía, que serían de utilidad para los arqueos y pericias contables que serán diligenciados en el expediente.
Esa tesitura se corresponde con la denuncia que permitió impulsar la causa y que fue formulada por un particular, precisando que la red opera no solo en nuestra ciudad sino además en otros puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires.
Los allanamientos que comenzaron el martes y culminaron en las primeras horas de ayer se desencadenaron luego que la investigación judicial diera un giro inesperado tras la denuncia de una empresa encargada de fotomultas, que alertó sobre posibles irregularidades.
En la instrucción de la causa, el fiscal Garganta cuenta con el respaldo del Ministerio de Transporte bonaerense, para el acompañamiento de la documentación que le sea solicitada.
En tanto, en otra actuación judicial que tramita en el fuero federal de Campana tiene en la mira al ministro de Transporte Jorge D'Onofrio, su persona de confianza en dicho ministerio Claudia Pombo (recientemente expulsada de la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar) y un funcionario cercano: el titular del Juzgado de Faltas Provincial de La Plata, Mario Quattrocchi.
Ambos expedientes, el de La Plata y el de Campana tienen un nexo en común: la existencia de una "organización, asociación y estructura criminal" poseedora de un andamiaje tal, capaz de borrar multas “a gran escala” a través del pago de sobornos.
Esta megamaniobra, según se confirmó en tribunales, ha provocado un enorme perjuicio patrimonial al estado bonaerense a partir de las millonarias sumas dinerarias que jamás ingresaron al erario provincial.
Con respecto al expediente que tramita en el fuero federal de Campana, tiene a D’Onofrio bajo sospecha por presuntas irregularidades con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. En este caso, también hay empresas que son investigadas, vinculadas al sistema de Verificación Técnica Vehicular provincial, a través de talleres que tienen cruzadas sus facturaciones.
Ese expediente también tiene en la mira al juez de faltas Quatrocchi por presuntamente haber intervenido dentro del esquema de adjudicación de concesiones para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia, que ahora se encuentra bajo sospecha.
Junto al juez de faltas aparecen otros nombres también relacionados con las VTV, los talleres y las concesiones. En rigor, en la denuncia se refirió la existencia de una empresa con “sello de goma” para licuar ganancias y licitaciones.
La maniobra que está en el centro de los investigadores no es otra que el “blanqueo” ilícito de multas a cambio de coimas. La ampliación de la denuncia fue formulada por la firma Secutrans, una empresa que precisamente, suministra soporte tecnológico para el proceso de las multas fotográficas y de video.
Secutrans, en concreto, denunció pérdidas exorbitantes en sus ingresos, entre 5 y 10 millones de dólares por mes. La escalofriante cifra dimensiona aun el alcance de las millonarias pérdidas y a la vez, la complejidad de la organización criminal.
